La muy criticada designación del sociólogo prohaitiano Wilfredo Lozano como director del Instituto Nacional de Migración (INM) podría a juicio de algunos contravenir las normas legales establecidas en la República Dominicana, las cuales impiden al funcionariado público recibir de manera directa recursos económicos de organismos internacionales.
Recordar que el reconocido defensor de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana es miembro fundador del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), una ONG que en esencia lo que procura es la defensa de los inmigrantes, fundamentalmente de los haitianos. Y que desarrolla varios «programas sociales» todos vinculados a la cuestión haitiana en el país. Dentro de estos programas hay uno denominado «Parejas Mixtas» con el que la ONG procura fomentar la unión matrimonial entre dominicanos y haitianos.
En la pagina web oficial de la entidad se describen quienes son sus principales auspiciadores económicos : «la Unión Europea, American Jewish World Service y Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN)/Ministerio de Asuntos Extranjeros de Noruega. También se ha beneficiado de fondos del Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONU Mujeres, la cooperación internacional de España (AECID), miembros del Sistema de Naciones Unidas (incluyendo el ACNUR, UNICEF y UNESCO), Open Society Justice Initiative (OSJI), ICF International/Departamento de Trabajo de EEUU, y el fondo Julia Taft del Departamento de Estado de EEUU».
Cabe resaltar que Open Society Justice Initiative es la ONG que preside el acaudalado empresario «filántropo» George Soros. A través de esta entidad es que el empresario globalista realiza aportes millonarios a cientos de Organizaciones No Gubernamentales apostadas en todo el globo terráqueo con el objetivo determinado de promover una agenda común fundamentada en principios como los de un «Mundo sin fronteras y Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra son iguales».
Debido a esto, sectores vinculados a la defensa de la nacionalidad y la integridad territorial dominicana, contemplan la posibilidad de someter próximamente ante los tribunales de la república un recurso con el que procuraran impedir que Lozano, como representantes por años de entidades internacionales, pueda desempeñar funciones públicas debido a los conflictos de intereses que giran en torno a su persona.
No se sabe si Lozano irá al Instituto Nacional de Migración (INM) a defender los derechos de los miles de inmigrantes dominicanos que residen en varias partes del mundo o los derechos de los dos millones de inmigrantes haitianos que hay en la República Dominicana. Lo cual, esto último, es una tarea que fundamentalmente debe recaer como responsabilidad exclusiva del Estado haitiano.
Por todo esto decenas de dominicanos estuvieron el martes pasado protestando frente al Instituto Nacional de Inmigración procurando que el nuevo incumbente de esta entidad pública presente su renuncia de manera irrevocable por los evidentes compromisos que tiene con unos organismos internacionales que por años presionan para que sea el Estado dominicano quien asuma las enormes problemáticas que tanto afectan Haití.
