Cambio político en las circunstancias más adversas de la historia nacional. Por Juan Bolívar Díaz

Juan Bolivar Díaz

El Gobierno que se instalará mañana bajo la presidencia del economista Luis Abinader, enfrenta las circunstancias más adversas para el inicio de una gestión en la historia de la República, con un horizonte incierto por el avance del coronavirus, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no pueden cuantificarse.

Como siempre prevalece la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza, lo que obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se supera la crisis de salud.

Indicadores de cambio

Luis Abinader y la coalición de partidos y grupos sociales encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron mayoría en las elecciones municipales y luego en las presidenciales y congresuales, bajo la consigna de que “ha llegado la hora del cambio verdadero”, aludiendo a las ocasiones anteriores en que las promesas reivindicativas quedaron en el olvido.

Despojándose de la desconfianza en el sistema político que diagnostican las encuestas, gran parte de la ciudadanía se acogió a la ilusión del cambio.

Esta vez la renovación no será solo del Poder Ejecutivo, sino también del legislativo, ya que la matrícula total del Congreso Nacional, de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, se renueva en 60%, con la salida de 134. Un estudio comparativo del Observatorio Político Dominicano, de Funglode, establece que 131 de ellos han tenido entre 10 y 38 años como legisladores. De los senadores 29 serán debutantes, equivalentes al 91%, y 105 de los 190 diputados, para un 55%.

Por rangos de edad, la matrícula legislativa se rejuvenece, ahora con promedio de 51 años, 3 menos que en la legislatura que concluye.

La participación juvenil alcanza mayor proporción en la Cámara de Diputados, donde habrá 19 legisladores entre 25 años, la edad mínima para esa representación, y 30 años.

Y 35 tendrán menos de 40 años. Es relevante que la más joven, Olfanny Méndez, de 26 años, ha sido nominada para vicepresidente de la cámara baja, representando la provincia de Bahoruco, del suroeste, una de las más pobres.

La representación juvenil queda muy por encima del 10%, la cuota mínima de ley, pero no así la de las mujeres, que aunque pasan de 3 a 4 en el Senado, retroceden de 56 a 52 curules en la Cámara de Diputados, 25 % del total de legisladores, cuando la ley establece una cuota mínima de postulaciones del 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, son los primeros nacidos en la etapa democrática iniciada con la decapitación de la tiranía de Trujillo que acceden a esas posiciones en el país, e incluso ambos después de la Revolución Constitucionalista de 1965.

El nació en julio de 1967 y ella le antecedió 10 meses, en septiembre del 1966. El en Santo Domingo y ella en Santiago, pero ambos de ancestros cibaeños, y él además de libaneses. Será apenas el octavo presidente fruto de elecciones tras los 32 años del trujillismo. En promedio los 7 anteriores han gobernado por más de 8 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, los tres perredeístas, Guzmán, Jorge blanco e Hipólito Mejía, solo 4 años.

Los dos son destacados profesionales, él de la economía y ella de administración, empresarios y con experiencia gerencial en el sector privado, pero ninguno ha desempeñado cargos en el Estado. El se graduó de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó estudios de postgrado en tres universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard.

Ella con licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era vicerrectora administrativa al ser escogida para la candidatura.

Tiene un máster en Administración de la Universidad de Quebec.

A diferencia de la vicepresidenta, que no había tenido experiencia política, Luis Abinader la ejerció junto a su padre, y dirigió su campaña electoral cuando ganó la senaduría de Santiago en 1998. Rafael Abinader no solo fue senador, sino también ministro de Finanzas en los gobiernos de Guzmán y de Hipólito, del Partido Revolucionario Dominicano.

Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en la boleta que encabezó Hipólito para el 2012, cuando quedaron en 47%. Hace 4 años debutó con la candidatura presidencial del entonces nuevo

PRM, alcanzando el 35% del sufragio.

En la peores circunstancias

Luis Abinader asume la Presidencia en las circunstancias más difíciles en que haya iniciado gobierno alguno en la historia de la República. Solo se le puede comparar con el inicio del presidente Joaquín Balaguer en 1966, tras la revolución constitucionalista de 1965 que se extendió a guerra civil por la invasión militar de Estados Unidos.

El ideólogo trujillista se juramentó todavía con el país ocupado por tropas de Estados Unidos y otros países.

Balaguer asumió con el país dividido y tratando de recuperarse del trauma de la guerra, pero en el resto del mundo no había crisis, y por su misma intervención y por razones de la guerra fría y la influencia de Cuba, Estados Unidos destinó amplia ayuda al gobierno dominicano, lo mismo que otros países y los organismos internacionales.

Ahora la pandemia sacude a esos mismos países y los gritos de auxilio son generalizados.

Otro inicio difícil, pero tampoco comparable al escenario actual, fue el del segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, tras la crisis originada por las quiebras bancarias que incrementaron la pobreza en más de un millón de personas.

Pero lo peor ya había pasado, y las reformas financieras y ajustes orientados por el Fondo Monetario Internacional se habían iniciado casi un año antes. Por ejemplo, la devaluación del peso que había sobrepasado 56 por dólar, se había reducido a 42.

Lo peor de la actualidad es que el gobierno hereda una triple crisis, la de la pandemia que sigue en incremento a 5 meses y medio, con el contagio de 85 mil personas y casi 1,400 fallecidos, con una gestión desastrosa, al extremo de que en ambos renglones el país casi duplica la totalidad de los afectados de las demás naciones de las Antillas Mayores, es decir, más que Cuba, Jamaica y Puerto Rico y Haití juntos.

Con el agravante de que la persistente expansión del covid-19 no permite evaluar todavía la magnitud de la crisis económica que ya sufre el país, y mucho menos sus repercusiones sociales.

Recomendaciones del BID

El nuevo gobierno podrá ampararse en recomendaciones como la formulada esta semana en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Retos y Oportunidades Post Covid-19.

Coincide con muchas de las formulaciones que ha presentado el nuevo presidente y su equipo económico.

Se resume en políticas públicas para mayor eficiencia y reestructuración del gasto, para aumentar la inversión productiva, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y de “filtraciones” en los programas sociales, una reforma fiscal integral, que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, elimine exoneraciones y amplíe la base impositiva. Políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza.

Racionalización de la contratación y de la política salarial, fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera y rescatar el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que lleva años en el Congreso.

Por lo que planteó en numerosas ocasiones el candidato Abinader, su estrategia sería ganar confianza con la reforma del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad, con el control de la corrupción y la proscripción de la impunidad, para acumular fuerza moral que le permita afrontar las demandas de fondo, como una reforma fiscal integral que reclame mayores contribuciones a los sectores sociales privilegiados.

La etapa a iniciarse este 16 de agosto, debería marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano, y su concepción de botín político, dejando atrás el caudillismo y las viejas prácticas trujillistas de autoritarismo, presidencialismo a ultranza, providencialismo, clientelismo político, y gobernanza para mantener satisfechos o tranquilos a los poderes fácticos.

Los que salen del poder tras 20 años de gobierno, comenzaron planteando la “liberación nacional” y terminaron ratificando las peores tradiciones trujillistas-balagueristas.

El compromiso del cambio

Es generalizada la preocupación de que en tan adversas circunstancias el nuevo gobierno no podrá satisfacer muchas expectativas de cambio, temiéndose que le tomará por lo menos el primer año la tarea de recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y las estimaciones de desempleo y pobreza superando cualquier coyuntura anterior.

El presidente Abinader ha reconocido que vendrá a “administrar una crisis”, por lo que ha comenzado a avanzar una serie de disposiciones tendentes a regenerar el Estado, que incluirán la supresión de organismos inoperantes, fusión de muchos que representan duplicidades, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Se espera que en su discurso inaugural, el nuevo mandatario anunciará un ambicioso programa de reformas para sus primeros meses, privilegiando el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas.

Con precariedades y la capacidad de financiamiento limitada por la paralización que ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, el gobierno tendría que apelar a la máxima austeridad y reducción de gastos superfluos para invertir mejor los escasos recursos.

No podrá prescindir del financiamiento, pero con las limitaciones advertidas desde un par de años antes de la pandemia, incluso por el FMI, de que la nación entraba en la antesala de la insostenibilidad fiscal.

Esta semana el economista dominicano Apolinar Veloz, hasta hace dos años funcionario del FMI y con sólida experiencia en evaluaciones de economías de otros países, sostuvo en el digital Acento que sería necesario buscarse el auxilio de ese organismo para una renegociación de la deuda, que entre externa e interna ya sumaría 52,635 millones de dólares, el 59% del PIB.

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