El periódico El Nacional del pasado 25 de junio, trae el titular: “Medio Ambiente autoriza construcción ilegal al ministro de Obras Públicas”, se trata de un muro con más de un kilómetro de largo y dos metros de alto a unos 30 metros del litoral del entorno de Barahona, violando la Ley 305 de abril del 1968 que prohíbe construcciones a menos de 60 metros. Tres fotos al pie de ese titular ilustran la dimensión del dolo, del abuso de poder, del nivel de agresión a esa ciudad y del despojo del derecho del ciudadano al disfrute de uno sus mejores atributos naturales. Con dicha construcción, además, se evidencia la limitada de visión de los gobiernos central y municipal sobre las funciones de las ciudades para el desarrollo local y regional, pues Barahona es clave para el desarrollo del Sur.
La construcción de ese muro constituye otra forma de corrupción, otra evidencia de la irrefrenable tendencia hacia el dolo de muchos funcionarios de este y otros gobiernos, que usan el poder para incrementar sus fortunas personales, amparados todos por el impermeable manto de la impunidad. El muro se hace en el marco de un proceso de remodelación de un hotel cuya propiedad se le atribuye al ministro de Obras Públicas, quien dice, según el referido medio: “no estoy tapando ningún mirador marino. Esa pared tenía 30 años de construida”, (privatizando 30 metros de litoral para incrementar el valor de esa propiedad) y que es “una pared del hotel, la que se tumbó y se reconstruyó de nuevo en toda su extensión”. Vaya perlas.
Ese muro, que ese ministro llama pared, se erige para proteger una propiedad privada que se le atribuye y que según él, contrario a toda evidencia, no tapa el frente marino. Si tenía 30 años de construida, como dice, o otros desde entonces también lo hacen no obvia la violación a la ley; el hecho es que es un acto de abuso de poder que evidencia que, así como no respeta la ley sobre los límites para construir en el frente marino, no respeta los límites existentes entre el ejercicio de una función pública y el de una función privada. En tal sentido, a este funcionario como a cualquier violador de las leyes de protección al medio ambiente y de las normativas urbanísticas, debe sometérsele a la ley. Tócale pues al Ministerio de Medio Ambiente y al ayuntamiento de Barahona asumir sus responsabilidades ordenando la demolición de ese abusivo y afrentoso muro.
Por otro lado, si se quiere asignar fondos del Estado para el desarrollo de la región Sur mediante la inversión en infraestructuras para su desarrollo turístico, debe potenciarse la función de la ciudad como agente clave para el desarrollo territorial y local. En ese tenor, Barahona y su entorno es estratégicamente uno de los nodos en que debe sentarse cualquier plan de desarrollo del Sur; lejos de permitir la privatización de sus atributos, debe dotársele de un plan urbanístico que oriente su crecimiento y desarrollo, como parte indispensable de un plan de desarrollo regional. Que un ministro o quien sea, se apropie de parte de su litoral que es parte del espléndido litoral del Sur, básico para desarrollo de esa región, constituye un intolerable abuso.
Afortunadamente, diversos sectores sociales, ambientalistas, políticos y eclesiales han manifestado su consternación y su disposición de ejercer presión, a través de acciones de protesta para reparar el despropósito. Son conscientes de que el frente marino de la región Sur constituye uno de los mejores atributos de esa región y su vista panorámica debe ser preservada en tanto belleza natural y recurso tangible para potenciar ese desarrollo. Son conscientes de que, si el capital privado quiere desarrollar el turismo en la zona, debe hacerlo evitando las afrentosas privatizaciones de lo público que se han realizado en proyectos de desarrollo turístico en otras zonas y sin aglomeraciones urbanas caóticas que en nada se benefician de la riqueza que produce la industria turística. Sin privilegios, sin que nadie aproveche su condición de funcionario público para agrandar su riqueza personal apropiándose de la propiedad y recursos de carácter publico.
