Mucho se ha hablado de la delincuencia política reinante en República Dominicana. Tanto que hay quienes, ocultando otras modalidades, han pretendido presentarla como única; esforzándose además en excluir a los Presidentes, presentándolos como tipos “buenos” rodeados de “malandrines”.
Al paso de los años -y sobre todo al desatarse estas estelares luchas contra la impunidad- la verdad brota descubriendo que el poder establecido, todas sus vertientes dominantes (política, empresarial, militar, policial y transnacional), se han convertido en un poder delincuente con fuertes características de narco-poder; cuyas cúpulas, mientras más elevadas sean sus funciones, mayores sus responsabilidades delictivas en cuanto a acumulación de poder ilegítimo y fortunas escandalosas; fortunas que a su vez sirven para garantizarles preeminencia en el marco de esta gansterización del Estado, del sistema capitalista y sectores de la sociedad.
En estos días la talentosa periodista Minerva Isa ha publicado en el periódico Hoy una serie de trabajos, especialmente uno sobre la delincuencia empresarial y otro sobre la narcodelincuencia, que constituyen un compendio demostrativo de la amalgama entrelazada de las expresiones de delincuencia ejercidas, recicladas y protegidas desde instancias de poder.
En estos días también la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ha dictado una sentencia para proteger la estafa de Antena Latina, la cual muestra a la delincuencia empresarial (criolla y extranjera) abrazada a la delincuencia política y judicial para despojar a la sociedad de un valioso patrimonio.
Por demás, espoleado por el estallido de la podredumbre Odebrecht y asociados, el cúmulo de fechorías que combinan esas y otras de delincuencias, resuenan ahora mucho más que en el pasado; potenciando la insubordinación popular-nacional en ejemplares marchas verdes contra la impunidad, las cuales no reciben respuestas satisfactorias desde las alturas del gobierno.
Es claro, pues, que desde este poder constituido, convertido en poder delincuente, no emanaran soluciones a esta confrontación en desarrollo.
Esta institucionalidad hermética, controlada por esa amalgama delictiva, articulada para garantizarles impunidad a sus protagonistas y beneficiarios, carece de vías para hacer justicia e implementar reformas que detenga su putrefacción. Por eso cada día lo más negativo se empeora y el caos progresa.
Para ponerle fin a la impunidad será necesario anular ese poder, convirtiendo en contrapoder al pueblo movilizado en pro de su reemplazo.
Es obligatorio, entonces, forzar desde las calles a su desplome político, para dar inicio a una transición que abra cauces a un poder constituyente que recree las instituciones y el proyecto democrático.
