La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.
Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil
Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.
Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el 2001-14. El ministerio público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la OIdebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.
La omisión de carácter político más importante es no tomar en cuenta los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht sobre financiamiento de campañas electorales, que involucrarían al presidente Medina. Se discriminan los testimonios recogidos por la justicia brasileña, unos son buenos y los otros se ignoran
El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.
A expensas del exterior
La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la justicia brasileña.
A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.
Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus..
Estiman sobrevaluaciones
Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma Cine Art 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre del 2013 y julio del 2014.
Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.
Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”
Juez Francisco Ortega Polanco
Pifias políticas visibles
Los errores más visibles en la conducción del proceso por la PGR son de naturaleza política, como las espectaculares detenciones y traslado de los imputados para satisfacer morbosidades y aparentar firmeza, el haber ignorado los testimonios sobre sobornos y financiamiento de campañas en los primeros 29 meses del gobierno de Danilo Medina, cuando se produjo más de dos tercios de las transferencias documentadas de Odebrecht a empresas del imputado Angel Rondón.
Una pifia garrafal fue que después de sostener en la instancia que en todas las obras adjudicadas a Odebrecht medió el soborno, la PGR “precisó” que en el caso de las plantas de carbón de Medina sólo fue para la aprobación del financiamiento, a un senador y un diputado, que no identificó. Y en la relación depositada ante el juez Francisco Ortega no figura esa precisión.
Error grave fue la proclama del procurador Jean Alain Rodríguez cuando dio a conocer sus imputaciones, de que “están todos los que son y son todos los que están”, totalmente improcedente si se pedían 8 meses para completar los expedientes y en un caso tan complejo del que probablemente nunca aparecerán todos los responsables.
La omisión de carácter político más importante es no tomar en cuenta los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht sobre financiamiento de campañas electorales, que involucrarían al presidente Medina. Se discriminan los testimonios recogidos por la justicia brasileña, unos son buenos y los otros se ignoran.
Errores inconcebibles
Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, auque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.
Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.
Ángel Rondón
Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de mil 170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 17.
Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, que su abogado Carlos Salcedo destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.-
Abundantes errores y omisiones de la PGR
1.- No haber allanado para buscar pruebas documentales antes de identificar sospechosos
2.- La proclama del Procurador de que “están todos los que son y son todos los que están”
3.- Firmar con Odebrecht un acuerdo de impunidad y luego no reclamarle cumplimiento
4.- Olvidar los US$163 millones que Odebrecht confesó haber ganado por sobornos
5.- Depender excesivamente de las investigaciones de la justicia brasileña
6.- Dar crédito sólo a la parte “conveniente” de los testimonios recogidos en Brasil
7.- Dejar sin imputar a una hija y un primo de Rondón y al yerno de Díaz Rúa
8.- No haber dispuesto desde el principio una auditoría de las obras de Odebrecht
9.- Ignorar testimonios en Brasil sobre el financiamiento de campañas electorales
10.- Ignorar la denuncia de 4 entidades sociales sobre financiamiento de campañas
11.- Incluir en la instancia judicial, y luego excluir, las plantas de Danilo en los sobornos
12.- Ocultar al senador y el diputado que habrían sido sobornados por las plantas
13.- Elaborar una instancia acusatoria plagada de errores y con pocas pruebas
14.- Pedir cárcel por igual para todos los imputados, ignorando niveles
15.- Montar un espectáculo de apresamientos a personas dispuestas a responder
16.- Solicitar una cárcel peligrosa para el testigo más valioso para luego rectificar
17.- Consignar por 100 millones de pesos dos depósitos bancarios por un millón
18.- Ignorar que casi todos los legisladores venden exoneraciones de vehículos
19.- Considerar que revaluar los mismos inmuebles equivale a ocultar su valor real
20.- Imputar a Castellanos y de Oleo sin siquiera establecer su patrimonio
