Por: Narciso Isa Conde
No es “tremendismo” afirmar que este país no hay vía institucional para ponerle fin a la impunidad que protege la enorme corrupción de los más altos funcionarios del Estado asociados a lo peor de las cúpulas empresariales, militares y policiales.
Estamos frente a un gobierno corrupto y corruptor; y peor aún, frente a un Estado que no se le queda atrás, integrado por una cadena de mecanismos blindados, centralmente manipulados, que les garantizan impunidad precisamente a esos jorocones.
En ese reino de la injusticia juegan roles relevantes Policía, Ministerio Público, Cámara de Cuentas, Congreso, altas cortes e importantes instancias del poder judicial; todas manipuladas desde el Palacio Nacional y cogollos partidistas por jefes políticos y magnates del capital, siempre bendecidos por monseñores del dólar.
Cuando no es Juan es Juana la que obstruye procesos y condenas, o forma una Comisión como la de Punta Catalina para engañar a bobos e ingenuos. El poder constituido y “el poder detrás del trono” están conformados y mancuernados para frustrar toda iniciativa legal de la sociedad que procure justicia contra sus élites.
Esto ha quedado reconfirmado a raíz de las reacciones de sus más conspicuos representantes frente a la “delación premiada” del funcionario de Odebrecht que denunció el financiamiento con dinero sucio de las campañas presidenciales en varios países del continente, entre ellos República Dominicana; lo que ha puesto en serios aprietos al presidente Danilo Medina y a la cúpula peledeísta. ¡Ay, Joao de mi alma, “hacedor de presidentes”, cuánto pus has desparramado!
Aquí no hay Congreso para hacerles juicio político al Presidente y sus allegados. Ni sistema judicial para juzgar y condenar la corruptela Odebrecht-Estado Dominicano, Sun Land, Barrick, Falcondo, Valle Nuevo, Peme, Renove, Oisoe, Tres Brazos, Cea, Eges-Fonper, San Souci-Vicini, Antena Latina, mafia del transporte y combustibles, narco-política, narco-generales, areneros depredadores… No hay justicia contra traficantes, sicarios y femenicidas.
No es el país que está corrompido, menos el pueblo. Es el poder establecido que está podrido y se autoprotege. El caos es lo que existe. No es equivalente a caos procurar desplazarlo y sustituirlo.
Es pendejo proponer “llevar a la legalidad” a esta dictadura institucional pervertida y absurdo insistir en “pactar” con políticos y gobierno para superar el desastre que ellos mismos crearon.
Esto pasó de lo legal a lo político. La vía es la democracia de calle: movilizaciones ascendentes que los obliguen a rendirse y posibiliten crear un nuevo poder pleno de justicia y libertad.
