El caso de los sobornos, sobrevaluaciones de obras y de la financiación por Odebrecht de las campañas de Danilo Medina con dinero de origen ilícito debería tener una salida institucional conforme las legítimas aspiraciones ciudadanas de justicia y de castigo de la corrupción.
Una salida institucional significa no más que garantizar que se cumpla con la ley. En ese contexto, hemos insistido en que el Ministerio Público debe incluir en la investigación penal, entre otros, a Danilo Medina, actual Presidente de la República, tanto por la financiación de sus campañas, en el 2012 y 2016, con dinero proveniente de los aportes hechos por Odebrecht, como por el otorgamiento a esta empresa, en una licitación cuestionada, la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, con un presupuesto sobrevaluado.
Son consistentes y concordantes las informaciones aportadas por varios ejecutivos de Odebrecht, actualmente condenados en Brasil, como por ejemplo Hilberto Silva, quien declaró ante el Tribunal Electoral de Brasil que Joao Santana a través de su empresa fue quien gestionó el pago irregular de Odebrecht a campañas electorales entre 2006 y 2014, y que se distribuyeron además de Brasil, en varios países entre los que incluye a la RD; o el de Mónica Moura quien declaró a la Policía Federal de Sao Paulo, que por vía suya en 2011 se hizo entrega de fondos a candidatos en nuestro país; o los correos cruzados entre Joao Santana y el gerente del banco suizo Heritage, en donde el primero manejaba una cuenta de Odebrecht a su nombre para el financiamiento de campañas electorales de varios países entre los que se menciona la RD.
El Ministerio Público no puede pasar por alto en esta investigación que Joao Santana, uno de los 5 ejecutivos con autorización de la empresa para pagar sobornos y para disponer el traslado de fondos para las campañas electorales en nuestros países, a su vez fue el responsable de las campañas electorales de Danilo Medina y que tuviera un despacho en el Palacio Nacional; o que Joao Santana, solo en el 2014, recibiera 10 pagos de 500 mil dólares que a la tasa actual supone cerca de 250 millones de pesos. Es imprescindible en esta investigación establecer el origen de estos pagos hechos a Joao Santana por la campaña de Danilo Medina.
La investigación penal, al poner en evidencia el origen ilícito del dinero con el que se financió la campaña y la reelección de Danilo Medina, lleva a la ilegitimidad de su elección y, en ese contexto, tendría méritos suficientes una acusación de parte de la Cámara de Diputados para hacerle, en el Senado, un juicio político a Danilo Medina que concluya con su destitución como Presidente de la República.
El anterior ejercicio en que hemos descrito las vías institucionales por las que se debe proceder, una vez comprobado que la campaña electoral del actual Presidente fue financiada con dinero de origen ilícito, tiene como único propósito mostrar que no hay ninguna posibilidad actualmente en la RD de que haya una salida institucional satisfactoria a las legítimas aspiraciones de la ciudadanía que reclama sanción para los corruptos y fin a la impunidad.
¿Acaso alguien en su sano juicio puede pensar que este Procurador investigará penalmente a su jefe político o que va a perseguir la devolución de los montos de las sobrevaluaciónes o incluso que se va a atrever a incluir en la investigación penal a Punta Catalina? ¿Quién puede creer que Lucía Medina, en su condición de Presidente de la Cámara de Diputados presentaría acusación ante el Senado para que se le haga un juicio político a su hermano Danilo Medina? Habría que ser muy tonto para creer que Reinaldo Pared, secretario General del PLD, en su condición de Presidente del Senado pueda someter a juicio político a Danilo Medina y, aún sería mucho más tonto, quien piense que la mayoría senatorial peledeista podría destituirlo en un juicio político.
Por tanto, la crisis que hoy enfrentamos es por la evidente imposibilidad que hay de poder darle una salida institucional satisfactoria a los graves actos de corrupción cometidos y confesados por Odebrecht.
En este contexto, no es de extrañar que en la medida que las autoridades e instituciones responsables de investigar y sancionar no cumplen con su deber de hacer justicia, se levante y tome cuerpo desde las calles, como grito desesperado de una ciudadanía mil veces engañada y burlada, el reclamo de la renuncia de Danilo Medina a la Presidencia de la República.
Pedir la renuncia de Danilo Medina no significa que vaya a hacerlo, a menos que la movilización ciudadana dé paso a una situación de ingobernabilidad y a una profunda crisis política.
La última vez que la sociedad dominicana se enfrentó a un gobierno surgido de forma ilegítima, producto de unas elecciones fraudulentas, fue en el 1994 y, para encontrar una salida, hubo de producirse una crisis política que conllevó la introducción de una limitada reforma a la Constitución de la República. Ese es el camino que le queda abierto a la ciudadanía si de verdad queremos parar la corrupción y ponerle fin a la impunidad.
