Es importante resaltar, que si bien nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, también es cierto que las actuaciones de autoridades ilegítimas son nulas y se reputan inexistentes.
Por lo que el acuerdo a que llegue la empresa Odebrecht con la Procuraduría General de la República podrá ser anulado y desconocido en todas sus partes como si jamás hubiese existido, y la empresa sometida a la jurisdicción penal en la persona de sus directivos en el país.
De demostrarse ahora o en el futuro, mediano o lejano, que se usó dinero de la corrupción para financiar la campaña del PLD, las autoridades vinculadas con ese dinero, elegidas en ese proceso, serán nulas.
Por lo tanto, el actual Procurador General, que es designado por el Presidente, correría la misma suerte jurídica, al igual que sus actuaciones; y cualquier lazo que se desprenda de las mismas será fácilmente anulado y revocado.
Por lo que es importante que los representantes de Odebrecht estén conscientes de este particular, y sepan que pactar con corruptos no les saldrá barato. Que cuelen su café claro, y que no paguen ahora para después volver a pagar.
Si bien honrar los compromisos es parte de la continuidad jurídica del Estado; es imprescindible entender que dar aquiescencia válida a los actos de autoridades ilegítimas lacera la esencia misma del Estado.
Esos que están hoy arriba, más temprano que tarde van a estar bien abajo.
Y los que ahora clamamos justicia desde la acera del frente estaremos con las riendas en nuestras manos; manos duras y callosas, templadas por el abuso y la búsqueda de dignidad, sedientas de respeto y justicia.
El país será el mismo, pero la historia será otra.
