Hace algunas semanas, leí a través de un diario de circulación nacional las declaraciones del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, haciendo alardes de los beneficios que tendría para la economía dominicana, la liberación de los recursos del encaje legal del Banco Central a la banca múltiple nacional. Antes de explicar el porqué de lo contradictorio de esta política monetaria expansiva por parte del gobierno, me voy a detener a explicar para el entendimiento de mis amables lectores en que consiste el encaje legal.
El encaje legal es una regulación impuesta por los Bancos Centrales del mundo, donde exigen que un porcentaje de las captaciones o depósitos del público en los bancos comerciales o instituciones de intermediación financiera deben mantenerse en el Banco Central como reservas. El encaje legal se hace usualmente en efectivo, que se mantiene físicamente en la bóveda del Banco Central. El encaje legal se utiliza en ocasiones como un instrumento de política monetaria por el Banco Central para influenciar los tipos de interés, y liberar recursos a los bancos comerciales para dinamizar el crédito con la reducción de la tasa requerida. En la República Dominicana los requerimientos de encaje para las instituciones de intermediación financiera son un 20% para depósitos en moneda extranjera, en este caso dólar estadounidense y un 17% en moneda nacional, en este caso peso dominicano. También, las reducciones de las tasas requeridas de encaje legal tienen efectos en la oferta de dinero, ya que liberaría más recursos a la economía y habría mayor circulación de dinero. Cuando se aplican políticas monetarias restrictivas se tiende a aumentar esas tasas de encaje legal, para que los bancos comerciales presten menos dinero al público, y así reducir las presiones inflacionarias por la alta oferta monetaria en la economía.
En su comunicado de prensa, el Banco Central explicó que esos recursos liberados del encaje legal deberán ser colocados de la siguiente manera: RD$4,500 millones al sector exportador, RD$4,000 millones para el sector manufacturero, RD$ 1,707 millones para el sector agropecuario, RD$ 4,000 millones para el financiamiento de viviendas de hasta RD $4.0 millones, comercio y Mipymes RD$ 3,716 millones y préstamos para el consumo por RD$ 2,500 millones, más RD$ 1,061. 9 millones de recursos disponibles de partidas anteriores y RD$2,051.7 millones que se encuentran pendiente de desembolsar al sector agropecuario, en total la liberación de recursos de encaje legal dispuesta por el Banco Central de la República Dominicana asciende a RD$ 23,536.68 millones.
Sí bien es cierto que esta política monetaria expansiva beneficiaría enormemente a la economía dominicana, en esta ocasión no será el caso, debido a la contradicción existente en la conducción de la política monetaria llevada a cabo por el Gobierno dominicano desde el año 2004. A partir del 16 de agosto de 2004, el Gobierno dominicano ha tenido como Norte la aplicación de una política monetaria restrictiva que le permita tener al peso dominicano artificialmente apreciado o sobrevaluado, para venderlo como baluarte de estabilidad macroeconómica.
A raíz de la crisis bancaria que afectó a la República Dominicana en 2003, las autoridades de entonces del Banco Central decidieron devolver todo el dinero a los ahorrantes de los bancos quebrados, en franca violación de la ley monetaria y financiera. Por motivo del salvataje bancario, el Banco Central incurrió en una ampliación de la base monetaria, para ser frente a la situación, lo que se desencadenó en una fuerte devaluación del peso dominicano que pasó de 17.76 pesos por dólar en enero de 2003 a 60 pesos por dólar en febrero de 2004.
A partir de esa fecha las autoridades del Banco Central empezaron a aplicar una política monetaria restrictiva, mediante la venta de certificados de inversión en el mercado abierto que llegaron a pagar tasas de hasta 50% anual, para de esta forma ir apreciando el tipo de cambio. El 16 agosto de 2004 la deuda del Banco Central era 89, 434 millones de pesos, y la asunción de las nuevas autoridades siguieron el festín de la venta de certificados de inversión, que llevaron a una sobrevaluación de la moneda dominicana que el 16 de agosto de 2004 se encontraba a 42.50 pesos por dólar, pasó a 28 pesos por dólar en noviembre del mismo año. Las autoridades del Banco Central han continuado con la aplicación de esta política con el objetivo de mantener un tipo de cambio anclado que en realidad está sobrevaluado, a pesar lo funesta que es esta política, a continuación, voy a explicar en qué consiste esta política.
La sobrevaluación es una política monetaria dañina para la economía, ya que genera inflación y desempleo, como aconteció en Inglaterra en 1926 cuando Sir Winston Churchill era ministro de economía, la sobrevaluación genera inflación por el hecho de que los costos de producción fijos se vuelven más altos en especial la mano de obra y el costo de capital, y las expectativas de ganancias serán bajas debido a la reducción del nivel de precio, lo que trae consigo un aumento de precios generalizado por partes de los agentes económicos para proteger su inversión y un aumento del desempleo por la disminución del producto marginal de la labor y aumento del salario real. Al 4 de septiembre de 2017 la deuda del Banco Central fruto de la emisión de esos certificados asciende a RD$479,034.5 millones, poco más de 10 mil millones de dólares, realmente una bola de nieve gigantesca. Esta es una de las principales razones, por la cual la economía dominicana ha perdido competitividad en la última década, debido que a consecuencia de esas medidas de política monetaria restrictivas adoptadas por el Banco Central nuestra moneda se ha sobrevaluado con respecto al dólar. Es decir, se ha apreciado de una manera artificial, lo que ha provocado una caída considerable de nuestro sector exportador, y nuestros sectores claves generadores de divisas como lo son las Zonas Francas y el turismo. Por consiguiente, de continuar esa política monetaria restrictiva es muy difícil que esos sectores se beneficien de esas medidas de liberación del encaje legal, ya que sus efectos netos serian nulos, debido a las razones anteriormente expuestas.
En otro tenor, el manejo de la deuda pública y los recurrentes déficits fiscales del Gobierno en los últimos años entran en franca contradicción con esta adopción de una política monetaria expansiva por parte del Banco Central. Una muestra de ello es lo siguiente: El 16 de agosto del 2004, la deuda pública consolidada de la República Dominicana ascendía a 9,705 millones de dólares, hoy dicha deuda asciende a poco más de 40,994 millones de dólares, si incluimos la deuda flotante del Gobierno (comercial y con los generadores eléctricos), de acuerdo al Ministerio de Hacienda. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional la deuda como porcentaje del PIB para finales de 2017 será de 52%, es decir que cada 100 pesos que genera la economía, deberá pagar 52 por sus compromisos financieros. Sólo para el año 2017, el Gobierno tendrá que destinar 22% de los ingresos tributarios para el pago de los intereses de la deuda solamente sin incluir el capital, muy por encima del 18% de Grecia con una deuda del 175% del PIB en 2015 y del 3% de Japón que tiene una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto del 300%. En pocas palabras en la coyuntura actual la deuda dominicana es más volátil y riesgosa que la deuda japonesa y griega, ya que a fin de cuentas la deuda se paga con los ingresos tributarios no con el PIB.
Es por ello que decimos desde esta tribuna que esas medidas contradictorias de política monetaria y fiscal ejecutadas por el Gobierno dominicano podrían hacer explotar la bomba de tiempo sobre la cual ha descansado la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana en la última década, que ha sido sustentada sobre pies de barro. La solución más óptima es la aplicación lo antes posible del pacto fiscal para reorganizar las finanzas públicas del Estado, y así evitar una hecatombe económica sin precedentes.
