A propósito de los menores violados sexualmente en Santiago y todos los riesgos que se vienen ocultando durante años entorno al tema, nos muestra primero la irresponsabilidad de los adultos de cada familia, segundo de las autoridades públicas que se les paga y están obligados por ley y Constitución, y por último, no menos responsables, los medios de comunicación y demás sectores organizados junto a toda la sociedad.
Estudios de organismos nacionales e internacionales nos revelan que República Dominicana es uno de los países con mayor vulnerabilidad de los pequeños en todos los espacios de convivencia, y recientemente certifican que el 90% de los dominicanos han sido abusados físicamente, psicológicamente, emocional o sexualmente durante su niñez por lo menos una vez.
Con una tragedia tan desconcertante nos debemos preguntar:¿Hasta cuándo seguirán estos abusos contra nuestros menores impunes y sin prevención? ¿ De qué nos sirve la Constitución en su Artículo 56 que obliga la protección de las personas menores de edad. Y la Ley No. 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.?
El deterioro social que hoy amenaza la paz colectiva y la vida civilizada en respeto de un “Estado de Derecho Democrático” y de salud espiritual, emocional y física; principalmente, se desprende del desorden institucional, la corrupción, la impunidad y anomia imperante en el país.
La vulnerabilidad que viven nuestros pequeños me ha llevado a descubrir una situación que al parecer han dejado o no han querido abordar los profesionales expertos relacionados al tema, quienes deberían despertar consciencia a causa de la alta tasa de subordinados, (niños, niñas y adolescentes; mujeres y hombres estos dos últimos en el trabajo), el Bullying (acoso u hostigamiento escolar), maltrato físico, psicológico, explotación infantil; abusados y acosados sexualmente o moralmente en las diferentes empresas, en los parques y en las calles; instituciones públicas, centros comunales, deportivos, iglesias, centros educativos, hogares, etc.
Además, dicha problemática se debe a que la mayoría de hogares de la República Dominicana tienen escasa educación sexual y no hay una debida privacidad en las intimidades sexuales de los padres o las parejas, ya que, una mayoría duermen y comparten una sola habitación, dejando a vista de todos los ocupantes, las intimidades, en hogares con edificaciones precarias e inadecuadas para la vida sana. Lo que ha provocado la falta de principios y valores morales por parte de la gran mayoría de hombres, los cuales se convierten en degenerados, pervertidos, acosadores y violadores sin ningún respeto a la mujer, al resto que integran la familia y a la intimidad de la vida sexual de los demás.
Es apremiante profundizar las investigaciones por parte de expertos con relación a esta debacle social y crear consciencia al respecto. Además, promover políticas públicas, alianza para la Infancia y la protección contra el acoso sexual y moral. La responsabilidad de padres, maestros, funcionarios de la educación y de la salud pública en estos temas es obligatoria y no es correcto delegarla, pues el futuro de cada niño depende de ello, y por consecuencia el futuro de la sociedad y del Estado.
Esta situación debe de preocupar a los padres para poner mayor atención en ayudar a organizar y establecer horarios adecuados que permitan prevenir y corregir estas malas prácticas en perjuicio de los menores.
Hemos logrado percatarnos de la ausencia de políticas públicas que protejan y salvaguarden la salud física, mental y emocional de niños, niñas y adolescentes, segmento más vulnerable del conglomerado social; además de una gran debilidad y desacierto o descuido en nuestro sistema de justicia frente a la niñez y su entorno familiar.
Parte del requerimiento de la seguridad social de los países avanzados es hacerse cada estudiante un examen médico dos veces por año de los oídos y de los ojos antes de cada período escolar. El Ministerio de Salud Pública y de Educación deben integrarse como parte de los programas de prevención y ponerlo en práctica en el país ya que cualquier problema auditivo o de la vista dificultará el aprendizaje a los estudiantes.
No sé hasta cuánto recae responsabilidad a los jueces directa o indirectamente en este tema, independientemente de lo que compete a los gobiernos que manejan los presupuestos y recursos en general que debiesen llegar a cada unidad de impartir justicia y demás poderes del Estado dominicano. Ambos poderes, el judicial y congresual que por otro lado les corresponde establecer políticas, normas y diferentes medidas para eficientizar el sistema de justicia para la prevención, manejo y resolución de conflictos familiares, así como la salvaguarda de los principios de familias sanas.
No entiendo por qué es tan difícil establecer o dictaminar una medida cautelar para la protección o salvaguarda de un menor que es más vulnerable que una mujer, sin embargo, en cuanto al maltrato a las mujeres o violencia de género hay más consciencia a pesar las altas cifras de víctimas. De igual manera, hemos percibido cierta incapacidad o deficiencias en el personal técnico que apoya y asesora en los trabajos sociales de visitas para evaluar los ambientes de los hogares. Por otra parte faltan especialistas de la conducta y de las enfermedades mentales.
Que Dios les bendiga siempre, pueblo dominicano. Dios, Patria y Libertad con independencia.
*El autor es mayor general retirado PN, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.
