Doña Carmen Imbert, miembro titular del pleno, órgano superior de la JCE, acaba de publicar su acostumbrado artículo en el Periódico Hoy, donde hace una reflexión en su peculiar estilo sobre el miedo y el odio a partir de la emisión de la paradigmática como controversial Sentencia TC-168_13, considerada por muchos como nuestra «frontera jurídica» puesto que resolvió o arrojó una solución jurídico constitucional al problema recurrente, y crítico de los nacionales haitianos y su status en República Dominicana.
No se trata pues, de una cuestión de simple dilettantismo intelectual, sino de una cuestión central y capital para el Pueblo Dominicano, constituido en nación, y por su inequívoca, e indeclinable voluntad, organizados en Estado Nacional, autoridad legitima organizada bajo el modelo de la división tripartita de sus poderes públicos, y que ejerce las potestades soberanas, y el dominio monopólico sobre el territorio nacional, delimitando nuestras fronteras conforme nuestros derechos nacionales y las normas imperantes y universalmente admitidas por el derecho internacional público y americano, del cual somos sujetos en igualdad plena de condiciones similares a todos los países y naciones libres e independientes.
Los dominicanos ejercimos una reafirmación de nuestros derechos legítimos, desde la génesis misma de nuestra identidad como «protodominicanos». Y debimos luchar de manera cruenta, digna, arrojada, valiente y sacrificada, para reestablecer nuestra condición de pueblo unido por un conjunto de valores y practicas compartidas.
Ello conforma nuestro legado nacional, nuestra herencia histórica, ante la cual abrevamos, y anclamos, para definir nuestro porvenir y visionar los desafíos y promisiones del futuro.
Ese es el Estado actual, vigente, que tenemos los dominicanos, y a cuya nomina esta adscrita, y que sirve la Dra. Imbert Brugal, y supongo que lo hace con devota integridad, imparcialidad, y sentido de compromiso, y ética patriótica, como ordenan sus elevadas y complejas funciones de arbitraje electoral, vale decir, decidir el orden de la voluntad popular.
El miedo tiene una dinámica, y se erige como defensa. El concepto de defensa hace referencia (Perakakis et. al.) a la reacción «fisiológica» del organismo «ante la presencia de peligro o amenaza».
Referido pues al ámbito jurídico político, nuestro Estado reaccionó ante situaciones en conflicto que requerían urgente definición y respuesta: la clarificación de nuestra nacionalidad respecto a migrantes haitianos en transito en nuestro país, pero mas aun, para esclarecer y dar remedio a una vocación perpetua de los haitianos, de entender que «este es su territorio», y que pueden permanecer aquí y disponer de el, o por derecho propio, o sin sujeción a nuestras leyes y normas.
Y resulta que, como supongo igualmente lo sabe la Dra. Imbert, la cuestión nacional, referida a nuestra nacionalidad, nuestra frontera, y nuestras relaciones con Haití, desde la formación misma de nuestra primera Junta Central Gubernativa, como primigenia autoridad nacional, y desde la primera Constitución que como expresión de voluntad soberana, votamos los dominicanos, han sido temas sujetos a un estricto, y restrictivo control y atención, por parte de nuestro legislador, y sometidos a una persistente continuidad y coherencia.
Y esa tradición constitucional dominicana en la materia, no fue una obra únicamente, ni de los cortesanos, ni de los caporales regionales, ni de los juristas y apologistas de la Era, entre ellos, muchos de los cuales hicieron, antes, durante, y después, en conflictos aciagos de la Patria, tanto o mas daño que el mismo Dictador.
Ese cuidado, ese celo, ese «miedo» constitucional, lo mantuvieron siempre, los encallecidos hombres y mujeres, nuestros gañanes libertarios, pero los que se jugaron todo, el pellejo, sus vidas y bienes, para dejarnos al cuidado de esta heredad, que igualmente debemos legal, libre, y eterna a nuestras futuras generaciones, a todos los dominicanos, liberales y conservadores, globalistas y nacionalistas, machos y hembras. Y estoy casi seguro, que, por su reciedumbre y sensibilidad, la Dra. Imbert esta unida a ese propósito también.
La cuestión aquí es, que si la 168-13 es una obra «de la exclusión y del odio», entonces, teóricamente, habría que «derribarla», y volveríamos pues, a un estado de indefensión total, de encuerez jurídica absoluta, a merced del snobismo jurídico onegetista instaurado por el multilateralismo, que no busca otra cosa que descuartizar nuestro país, e instaurar «el nuevo país» el «binacionalismo», o la «solución final» histórica, al permanente e insoluble problema haitiano como lo definió la ONU en el 48.
Debo recordar aquí, que culminada la larga y penosa guerra de nuestra independencia, y firmada la paz entre nuestro Presidente el General Jose Maria Cabral y Luna, y el gobenante haitiano, estos nunca aceptaron nuestra independencia plena, e incluso acudimos a un laudo arbitral papal sobre el conflicto. No lo olvideis, Dra. Imbert.
En verdad no se, de que peculiar sentimiento, o pasión redentorista, o convicción ideológica, deduce la Dra. IMBERT que la sentencia, y la reiterada posición dominicana, es fruto del odio!
Cuando invadimos a Haití, cuando los esclavizamos, cuando segregamos a nuestra población entre «negros» y «mulatos», y expulsamos a los «blancos», cuando practicamos ese crudo aparheid?
Pero cuando, con excepción de la todavía no esclarecida «operación limpieza», acaso la mas terrible, y aleve masacre colectiva que se ha practicado en nuestro país contra nuestros muchachos de la zona norte, hemos practicado el crimen de Estado del «collar», o la «goma hirviendo» que practico Titi Aristide Lavalas contra sus opositores políticos, cuando hicimos algo igual?
Hoy, no cabe ya duda alguna, por mas desmentido que haga nuestra comunidad de inteligencia, o nuestro Alto Mando militar, o el mismo Palacio, es un hecho no sujeto a controversia, la ocupación haitiana de que es objeto nuestro país, de la vulneración de nuestros derechos nacionales, para fomentar y aplicar políticas para los haitianos, de tal manera aviesa e ilegal, nos esta causando una indignación permanente en nuestro pueblo, al nivel tal como describía en algún momento Francois Miterrand la asfixiante situación francesa, como viviendo bajo un «golpe de Estado permanente».
Podemos negar acaso la ocupación masiva de nuestros hospitales por las parturientas haitianas, al punto de quebrar nuestro presupuesto de salud en perjuicio de nuestros ciudadanos mas pobres y vulnerables?
Podemos acaso negar las crecientes y sorprendentes estadísticas criminales a causa del machete haitiano?
Podemos negar acaso, la crisis de nuestra política de empleos, que amenaza incluso con derribar el principio de la nacionalidad del trabajo, y que ha dejado en «paro» hasta a nuestros vendedores callejeros informales?
Y que decir, del Guaconejo, hoy en desaparición de nuestra foresta, asi como otras especies que aparecen en Haití, como perfume o como carbón?
Y de la frontera que? Allí, todo es ajo, mojones destruidos, y la ferocidad emergente de las maquiladoras binacionales del pretendido e instaurado «habitante fronterizo»?
Y del Plan convertido en amnistía y evacuación de Haití hacia nuestro territorio?
Y de los «kilombos», cinturones de fabelas y miseria, asentamientos ilegales haitianos no planificados?
Ese es nuestro odio, o nuestra indefensión?
Y nuestra respuesta debe ser pues, entregar mas, expiar nuestras perversiones y malvades interiores entregando nuestro país al supremacismo y al sectarismo haitiano!
Es evidente que la Dra. Imbert, no solo actua con absoluta y honesta fidelidad a sus concepciones ideológicas y espirituales, sino que lo ejerce como una verdadera y apasionada activista de esta causa.
Ella cree que odiamos a los haitianos. «Complejo de Estocolmo».
Solo que se erige desde un podium equivocado, como Juez de la Junta Central Electoral, y ya se descalifica como tal.
Decía Mario Cuomo, el mítico, y humanitario Gobernador del Estado de New York, al momento de evaluarse como aspirante a Juez de la Corte Suprema del Estado, que un juez tenia que ser «un filosofo de la justicia para interpretar sus valores, que mas que sentencias hacían principios y filosofía del derecho que permitiese la interpretación y aplicación de las leyes».
Obviamente, la Dra. Imbert no cree en la institución donde ejerce por elección, porque ese Órgano es parte del Estado que dimano del Legado Nacional.
Ella debe renunciar honorablemente, y eso si, ejercer como brillante y comprometida abogada que es, como representante legal de todos los haitianos accionantes pro derechos en este país.
Pero como Juez imparcial, no debe continuar. Por respeto al país, mas aun, a su conciencia interior, guía de nuestras acciones esourituales, emocionales, y racionales.
