Antes de que termine febrero, mes llamado de la patria, y después del discurso del presidente Danilo Medina, quiero insistir en algunas ideas que he publicado anteriormente con respecto a la migración haitiana en la República Dominicana.
Primero, la inmensa mayoría de los dominicanos quiere que se detenga la migración haitiana, y que se repatrie un gran número de inmigrantes indocumentados. Pero ¡ah!, el Gobierno no la detiene ni repatria en la magnitud que desea la ciudadanía.
Segundo, hemos llegado a este tollo migratorio por la complicidad de los gobiernos dominicanos con muchos empresarios, sobre todo en la agricultura y la construcción, para mayores ganancias empresariales. Esa es la principal causa dominicana del tollo. Que los haitianos quieran irse de su país es entendible; como también se quieren ir muchos dominicanos.
Tercero, en su ineficiencia y desorganización, el Estado Dominicano nunca desarrolló un plan de documentación para los inmigrantes indocumentados y sus descendientes. Entre los nacidos en territorio dominicano, unos recibían actas de nacimiento y otros no. Eso generó confusión y caos, que hasta la fechan reinan, a pesar de las leyes aprobadas para regularizar inmigrantes.
Cuarto, como el Gobierno dominicano no ha querido controlar la migración ilegal ni regularizar realmente a los inmigrantes y descendientes, para así mantener abundante mano de obra barata, el problema se abordó con leyes a medias. Grave error.
Quinto, en el año 2005, la Suprema Corte declaró a los inmigrantes indocumentados y sus descendientes “en tránsito”, aunque hubiesen nacido y vivido por largos años en República Dominicana. Esa Corte asumió que el mundo no sabía el significado del término “en tránsito”. Gravísimo error.
Sexto, luego, la Junta Central Electoral comenzó la cacería, reteniendo documentos o negándoselos a personas de ascendencia haitiana. Un abuso.
Séptimo, la Constitución de 2010 estableció por primera vez de manera explícita, que los hijos de inmigrantes indocumentados no calificaban para recibir la nacionalidad dominicana; y a la vez estableció que los hijos de dominicanos en el exterior podían recibirla. Es decir, un niño nacido en Nueva York de padres dominicanos, que nunca vivirá en República Dominicana, puede obtener la nacionalidad dominicana; pero un niño que nace y vive el resto de su vida en territorio dominicano de padres indocumentados no puede obtenerla. En 50 años, este país será un apartheid con dos tipos de habitantes: los que tienen derechos ciudadanos y los que no.
Octavo, asumir que las medidas de exclusión forzarán los descendientes de haitianos a auto-deportarse a Haití es una ficción. La inmensa mayoría de los descendientes de haitianos no irán a vivir a Haití, como tampoco vendrán a vivir en la República Dominicana la inmensa mayoría de los hijos de inmigrantes dominicanos radicados en Estados Unidos y Europa, aunque le regalen la nacionalidad dominicana.
El gran tollo migratorio dominicano no se soluciona con sentencias arbitrarias que aumentan las ilegalidades y matan las esperanzas. Tampoco con vocinglería en los medios de comunicación ni de los políticos. La solución requiere de medidas estrictas de control migratorios que nunca se han establecido en este capitalismo de plantación.
El gobierno tiene que controlar eficazmente la frontera para detener la migración ilegal, debe otorgar visas de trabajo a inmigrantes haitianos que necesite la economía dominicana, debe realizar un programa de repatriación ordenado de indocumentados recientes, y otorgar la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados que nacieron y se han criado en la República Dominicana.
Si el Gobierno sigue siendo cómplice de muchos empresarios en la híper-explotación laboral, el tollo migratorio continuará agravándose exponencialmente con inmensas consecuencias sociales.
