Una de mis mayores preocupaciones sobre el destino del país es cómo la desobediencia social está empujando a la nación dominicana hacia una solución de fuerza.
Todas las decisiones se cuestionan con huelgas, o su amenaza, con desorden en las calles, con suspensión de actividades estratégicas, como el transporte, la educación y la salud; con medidas de fuerza como paralizar puertos, o tomándose la justicia por propia mano, como ocurre con los linchamientos en los barrios y los “intercambios de disparos” de la Policía.
Son todas medidas al margen de lo que establecen las leyes que permiten las huelgas y paros, pero luego de que se cumplan ciertos requisitos. La ley es un papel sucio que se pasa por la parte más oscura del cuerpo.
¡Cómo es posible que el Gobierno no pueda imponer su autoridad cuando toma una decisión, sea de otorgar una ruta de autobuses o de autorizar una explotación minera, si lo ha hecho dentro de la ley!
Los últimos gobiernos que hemos tenido cargan gran parte de la culpa de lo que ha estado sucediendo. Desde la política de “pagar para no pegar”, hasta las exenciones fiscales, las prebendas y la pusilanimidad, todo ha ido de la mano para crear el Estado en que nos encontramos hoy.
Un conocido cientista político ha dicho que “un gobierno con un bajo nivel de institucionalización no es solo un gobierno débil; es también un mal gobierno. La función del gobierno es gobernar. Un gobierno débil, un gobierno al que le falta autoridad, falla en cumplir su función, y es inmoral en el mismo sentido en que lo es un juez corrupto, un soldado cobarde, o un maestro ignorante”.
Las sociedades modernas se basan en la autoridad de la ley. Sin ello, vamos hacia el despeñadero.
