A propósito de la reiteración de ciertas distorsiones de hechos incontrovertibles y testimonios fundamentales.
A Doña Adriana Howley, en el Día de la Madre
Orlando Martínez Howley, brillante periodista y militante ejemplar del Partido Comunista Dominicano (PCD), fue asesinado el 17 de marzo de 1975, aproximadamente a las 7:00 pm.
Un año después asesinaron a su hermano Edmundo, abanderado del reclamo de justicia, desgarrando nueva vez el alma de su madre.
Motivos del crimen
Los espurios motivos de ese horrendo asesinato están necesariamente referidos a los poderosos intereses que Orlando enfrentó desde su columna en la Revista ¡Ahora! y el periódico El Nacional de ¡Ahora!: las corporaciones transnacionales, el generalato neo-fascista vinculado a la CÍA, el MAAG, los capos del latifundio, Balaguer y su corte corrupta y asesina… Esos factores se conjugaron para decidir su muerte.
Recibió la primera amenaza directa a raíz del asesinato del periodista Gregorio García Castro, quien respondía a los intereses del General Neit Nivar Seijas, cabecilla de un grupo militar que disputaba la hegemonía en las Fuerzas Armadas a otra facción liderada por el general ultraderechista Enrique Pérez y Pérez. En esa oportunidad la amenaza tomó la forma de un pasquín firmado por los “Panteras Negras”.
Orlando denunció la responsabilidad en ese asesinato del entonces jefe de la Policía Ernesto Cruz Brea, aliado de Pérez y Pérez, como también frecuentemente denunciaba la corruptela y crímenes del sector de Nivar y otras fechorías del grupo contrario.
Crítico de ambos bandos, llegó a escribir que por su postura independiente, sin corruptos ni asesinos preferidos, podría ser indistintamente víctima de ambos grupos de poder manipulados ambos por el Presidente Joaquín Balaguer.
Si en el caso de García Castro estaba comprobado -y lo reflejan sus escritos- su amistad y alianza política con Nivar Seijas, ese no era el caso de Orlando, militante comunista.
Son falsas, pues, las versiones que atribuyen su asesinato a la recepción y difusión de informaciones (tanto en su caso como en el de la dirección del PCD) que irritaron a los generales afines a Enrique Pérez y Pérez; incluida la especie recientemente referida por el periodista Huchi Lora, atribuyéndole al PCD recibir de esa fuente, conversaciones que comprometían a ese grupo criminal, y que luego transferimos a Orlando para su inclusión en dos artículos que supuestamente provocaron la decisión criminal.
En verdad nunca el PCD recibió esas informaciones y/o grabaciones, ni su fuente es detectable, ni su contenido denunciado pudo ser la única causa del crimen.
La determinación de matar a Orlando tiene causas muy profundas, que ni siquiera se circunscriben a su artículo titulado ¿Por qué no doctor Balaguer?, en el que arremetió contra la perversidad del entonces jefe de Estado.
La decisión fatal venía de atrás y en la conjura criminal se amalgamaron la CÍA, el generalato de turno y la perversidad de la clase dominante dominicana y transnacional
Ese artículo ciertamente selló una condena a muerte previamente decidida y motivó la “luz verde” de Balaguer para ejecutarla.
En ese artículo -lleno de indignación por el atropello de que había sido víctima el pintor revolucionario y militante del PCD, Silvano Lora, en ocasión de su deportación en el Aeropuerto las Américas- Orlando exhortó a Balaguer a subirse en un avión y largarse del país, junto todos sus funcionarios corruptos, calieses y asesinos.
El mismo fue usado de inmediato por el coronel Cruz Brea como punto de partida para abrirle cancha a un nuevo operativo criminal, por lo que, además de distribuirlo entre los “generales de horca y cuchillo”, se lo llevó personalmente a Balaguer.
El desenlace fatal, sus autores y cómplices
La reunión del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas con esos fines, no tardó en producirse: el 8 de marzo de 1975 se encontraron en la Secretaria o ministerio correspondiente, los generales Jiménez, Pérez y Pérez, Lluberes Montás y Logroño Contín (fallecido), el primero Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y los otros jefes de Estado Mayor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra respectivamente; todos vinculados a la CÍA y al cuerpo de asesores militares estadounidenses MAAG.
El encargado de dar las instrucciones al mayor Pou Castro para que montara el equipo criminal, junto al coronel Isidoro Martínez de la FAD, fue el general Lluberes Montás. Así lo confesó Pou Castro en los interrogatorios publicados.
En vista de la necesidad de reforzar el operativo y específicamente de incorporar a ese staff a Mariano Cabrera Durán, experto tirador, se le solicitó al general Jiménez Hijo que instruyera al jefe del J2 de las FFAA, coronel Abreu Rodríguez (fallecido antes del juicio), para esa selección, dado que ese sicario militar estaba asignado a ese organismo. Esa instrucción también fue dada personalmente por el general Ramón Emilio Jiménez hijo y eso consta en uno de los interrogatorios a Pou Castro.
Esos hechos y esas confesiones dejan bien claro que se trató de un asesinato de Estado, consultado con el Presidente de la República, decidido en Estado Mayor de las FFAA y ejecutado por dos grupos operativos: uno de contención dirigido por el coronel Isidoro Martínez (fallecido antes de la condena) y otro encargado de la acción directa, de la ejecución del crimen, comandado por el entonces Mayor, luego ascendido a coronel y a general, Joaquín Pou Castro (alias Ñoñó).
El día escogido fue el 17 de marzo de 1975 y los detalles del seguimiento y de la operación constan en el expediente acusatorio. En la labor de rastreo participó el coronel Sánchez Guzmán, asignado a la escolta del Canciller Víctor Gómez Bergés. Sánchez Guzmán murió posteriormente en un extraño y sospechoso accidente automovilístico.
Orlando Martínez me informó previamente que el entonces Canciller Víctor Gómez Bergés, vecino de él y compañero de partido (MNJ) de una de sus primas (la que determinó esa relación), le había presentado y ponderado positivamente un joven oficial que prestaba servicio en la Cancillería.
En realidad no tengo claro si se trató de Sánchez Guzmán o de Pou Castro, quien también estaba asignado a la Cancillería.
Está demás decir que ni Orlando ni yo conocíamos entonces nombres y trayectorias de esos dos oficiales asignados al Canciller, ambos pertenecientes, como pudo confirmarse después, a los aparatos del crimen.
Vale recordar que días antes de su asesinato, Orlando me comunicó confidencialmente que Víctor Gómez Bergés lo había llamado para informarle que ya estaba montando un operativo militar para asesinarlo y que la única forma en que podía salvarse era si abandonaba el país, a lo que él se resistió con toda razón, dado que en su caso implicaba aceptar la autocensura, dejar su trabajo y separarse de su familia, especialmente de su madre que no estaba bien de salud.
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Gómez Bargés se negó en esa ocasión y en otra oportunidad a decirle la procedencia y los posibles protagonistas de ese plan criminal. Igual, luego de cometido el asesinato, se resistió a informarnos lo que sabía, guardando silencio frente a requerimientos precisos de nuestra parte.
El hecho de que desde el mismo día del crimen, fuentes palaciegas se dedicaron a cargarles el crimen al Prof. Juan Bosch y directamente a militantes del PLD como Cheché Luna, Diomedes Mercedes y Norge Botello, sometidos a prisión, puso en evidencia la implicación de la cúpula oficial.
Una gran perversidad contenía esa versión balaguerista (insinuada posteriormente por el propio Balaguer en la famosa “página en blanco” de su “Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo”) que le atribuía la muerte de Orlando a las diferencias entre el PLD y el PCD, algo tempranamente desmentido por el PCD.
El asesinato de Orlando fue –como lo revelan los datos ofrecidos- un crimen netamente político con características de asesinato de Estado, planeado y ejecutado (en un periodo de ejercicio del terror político) desde las altas esferas policiales-militares del régimen balaguerista de los doce años 1966-1978, con la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las corporaciones estadounidenses establecidas en el país.
Lucha contra la impunidad y condena mediatizada
Las principales instancias de poder que participaron directamente e indirectamente en ese asesinato fueron identificadas por nosotros/as desde el año 1975 y un persistente esfuerzo de acusación frontal de alto riesgo logró mantener abierto años tras años el proceso de sanción judicial. Pero solo en el año 1997, veinte y dos años después, pudo ponerse en marcha el expediente y apresarse a una parte de sus asesinos.
Las denuncias iniciales y las complementarias, formuladas y sustentadas en todo el trayecto comprendido entre 1975 y 1985, estuvieron a cargo de los dirigentes del PCD y de los familiares de Orlando Martínez. Igual las iniciativas judiciales.
Los gobiernos del PRD, el de Guzmán y el de Jorge Blanco, se sumaron a la impunidad y contemporizaron, llegando incluso a ascender de rangos a Pou castro y a Cruz Brea, y a aliarse abiertamente a Milo Jiménez.
La primera querella formal contra los autores materiales e intelectuales fue introducida en 1985 antes de que prescribiera judicialmente el crimen. Para esos fines su padre, Luis Mariano Martínez y su madre, Adriana Howley, se constituyeron en parte civil; y la dirección del PCD logró que los doctores Ramón Antonio Veras, Abel Rodríguez del Orbe y Julián Peña actuaran como abogados del caso hasta finales de la década de los 90. Los méritos acumulados por esas tres instancias en la lucha contra la impunidad de ese caso señero, están fuera de toda discusión.
La impunidad total, permanentemente bombardeada, prevaleció durante 22 años hasta que se abrió una nueva oportunidad a raíz de la investigación realizada por un nuevo Juez de Instrucción, José Miguel Castillo Pantaleón, que localizó el expediente ocultado por el Juez Arnaud y que en el curso de las investigaciones obtuvo copias de los comprometedores interrogatorios, también desaparecidos, que se le hicieron a Pou Castro y a otros autores materiales del crimen a finales de 1975. Incluso se atrevió a citar a Balaguer, sin resultados.
Esa valiosa documentación no fue suministrada -como se ha dicho recientemente- por el Coronel-FAD Isidoro Martínez (involucrado en el hecho de sangre y sometido a la justicia en 1997), sino por uno de los investigadores actuante en 1975, cuyo nombre es obligado reservar.
La investigación en marcha en noviembre del 1975 rápidamente fue interrumpida por Balaguer, cuando las confesiones de los detenidos develaban la autoría intelectual de los generales Milo Jiménez, Enrique Pérez y Pérez y Salvador Lluberes Montás; quienes además no ocultaron en círculos íntimos que de ser sometidos a la Justicia declararían que actuaron por “órdenes superiores” (Milo incluso llegó a ser interrogado y declaró de esa manera como chantaje a Balaguer)
La acción judicial en los años posteriores al 1997 fue lenta, parcial y tortuosa; limitada a los autores materiales o autores directos del crimen.
Pero es justo destacar el valor de la sentencia condenatoria de los autores materiales en primera instancia a cargo de la jueza Katia Miguelina Jiménez y las previas peticiones del Ministerio Público, muy bien representado por el magistrado Danny Villalona.
Esa sentencia gravitó positivamente en los tribunales de alzada (Corte de Apelación de San Pedro de Macorís y Suprema Corte de Justicia), siempre dentro de los límites políticos impuestos por el Gobierno de Leonel Fernández y la cúpula del PLD a través del entonces Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe y los Fiscales del Distrito Nacional, Guillermo Moreno y Domínguez Brito; quienes dentro de ese contexto político, recurriendo a ciertas argucias legales, no favorecieron introducir investigaciones suplementarias viables para procesar a los autores intelectuales, a Balaguer y a los principales cómplices de ese asesinato de Estado.
La designación de Abel Rodríguez del Orbe como Procurador, la muerte de Julián Peña y las dificultades para integrar a nuestro apreciado amigo Negro Veras con otros abogados incluidos posteriormente para representar la parte civil, nos forzaron a recomponer el equipo legal a partir de 1997, incorporando a los doctores Jesús Félix, Tomás Castro, Herótides Rodríguez y José Parra (estos dos últimos militantes del PCD; quienes desinteresadamente, como los anteriores, se fajaron con el caso y lograron los avances que las circunstancias permitieron.
Sin embargo, en honor a la verdad hay que decir que los doctores Félix y Castro asumieron en momentos determinados casos legales particulares incompatibles con el caso Orlando, lo que determinó su exclusión de esas funciones.
Todos y cada uno de los designados -justo el reconocimiento- no escatimaron esfuerzos para que como era nuestro anhelo y el de los familiares de Orlando se hiciera justicia plena, no mediatizada o “calimocha”, como todavía impera; con la salvedad y el orgullo de que ha sido en el único caso de los horrendos asesinatos políticos ocurridos en el gobierno de los doce años en que por lo menos se ha logrado justicia parcial.
Hay que resaltar la coincidencia de que los asesinos de Orlando fueron los mismos autores de un gran número de crímenes similares, incluido el fusilamiento de Caamaño. Se trató pues de un caso emblemático.
Ya relaté, en el artículo Un fiscal que no quiso casarse con la gloria, la suerte de la instancia que presentamos un conjunto de dirigentes del PCD acusando a Balaguer de alta complicidad y encubrimiento, y a los generales Pérez y Pérez, Milo Jiménez y Salvador Lluberes Montás de seleccionar los sicarios y ordenar la operación criminal.
Los autores intelectuales cómplices y encubridores, incluidos Pina Acevedo (amigo de Pou Castro y autor de una coartada a su favor) y Víctor Gómez Bergés, siguieron fuera del expediente, a pesar del constante reclamo para que se les encause.
De todas maneras la condena del tribunal del pueblo es inequívoca y la demanda de sanciones sin exclusiones se mantiene.
