Un amplio sector de la sociedad sospechaba excesos en jerarquía militar
La carga de impugnación y escasa sanción de la corrupción administrativa tiende a reducir el sentido de persecución a exfuncionarios y a los que, en el ejercicio de sus funciones, violan normas éticas establecidas en la legislación.
Históricamente, la lucha por el adecentamiento de la vida pública excluyó al mando militar porque los gobernantes se tornaban permisivos ante el incremento patrimonial, convencidos de que la acumulación estridente se constituía en instrumento de dominio y control político.
No obstante, la injustificada tolerancia del enriquecimiento en guardias y policías de alto rango, sirvió en la edificación de una zona de tolerancia por años, que hizo metástasis en segmentos importantes de la sociedad incapaces de entender la relación salarios/estilos de vida de una parte de la jerarquía de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El hábito viene de lejos, y Brian Bosch en su libro Balaguer y los Militares, describe con exacta precisión los clanes encabezados por Enrique Pérez y Neit Nivar, asociándolos con niveles de acumulación indecentes.
Inclusive, los medios de comunicación y líneas aéreas atribuidas a los dos jefes militares durante 1966-1978 revelan toda una cultura que, con posterioridad al proceso de estabilidad democrática, mantuvo el interés por las ventajas financieras transformadas en lealtades a los partidos con mayor posibilidad durante las contiendas electorales.
Inclusive, en el marco de hacer paralelismos respecto de sanciones y persecución de la corrupción mi litar en otras jurisdicciones, aquí no hicimos caso al incuestionable interés de desbordar los ámbitos de lo civil y penalizar los hombres de uniforme asociados con excesos administrativos.
Existe una jurisprudencia de carácter global que enseñan las locuras de Arturo Durazo (Negro) durante el sexenio de López Portillo, Manuel Antonio Noriega, Humberto Ortega, Jorge Arturo Vegas Chávez, sometido en Guatemala por la Comisión contra la Impunidad, las riquezas de Raoul Cédras en la pobre Haití, Oliver North y el escándalo Irán-Contras, Hugo (Pollo) Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar en Venezuela.
Por eso, ya resulta insostenible esquivar una impugnación ciudadana sumada a los anhelos de adecentamiento que, como último grito de justificación barbárica, encontró en voceros del PLD el triste argumento de que se trata de una persecución política e intención de dañar la gestión 2012-2020.
Un amplio sector de la sociedad sospechaba de los excesos en segmentos de la jerarquía militar y policial. Ahora bien, pretender que la montaña de pruebas encontradas por la Procuraduría General (PGR) en el caso Operación Coral se circunscribe al proceso instruido contra el mayor general Adán Cáceres, no nos conduce por el camino correcto.
Aunque la cercanía al exmandatario constituyen la materia prima de múltiples interpretaciones, el hecho cierto es que la tolerancia en materia de enriquecimiento de clanes militares representan un riesgo del sistema democrático.
Y no es reducir al debate al ex titular de CUSEP sino enviarle una señal a los estamentos militares y policiales, pero esencialmente al liderazgo político de que un ciclo de tolerancia y permisividad llegó a su fin.
Un entramado societario capaz de combinar entidades sin fines de lucro, salones de belleza, descuentos al personal militar de Cestur, adquisición de iglesias, partidas de pagos al exsubjefe policial, adquisición de inmuebles lujosos, ventas de vehículos, alquiler de apartamentos por 3 mil dólares y desarrollar proyectos avícolas, retrata la descomposición de estructuras militares que, sin noción ni sentido del límite, tendrán consecuencias penales.
Toda sociedad necesita conculcar sus falencias institucionales, si pretende preservar la credibilidad del modelo democrático.
