A través de la historia la República Dominicana ha experimentado varios modelos económicos que han regido el devenir de la nación desde la época colonial. En esa etapa el modelo esclavista y latifundista mantuvieron a la economía rezagada en la miseria y en la inmovilidad social, ya que el crecimiento económico era prácticamente nulo y no hubo un incentivo para dinamizar la economía a través de la acumulación de capital. Luego pasamos a un modelo económico basado en la industria azucarera, a partir de la década de 1880, este modelo vino a combinarse después con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), aplicado en el país durante la dictadura trujillista a partir de la década de los 40. Este modelo supuso la llegada de la Revolución industrial a la República Dominicana, ya que el país había alcanzado su independencia financiera, debido a que las aduanas dominicanas estaban manejadas por los Estados Unidos, y esto llegó a su fin con la firma del tratado Trujillo-Hull.
Durante la dictadura trujillista el modelo ISI fue personificado bajo la figura del dictador, esto permitió un desarrollo del aparato industrial nacional, pero para beneficio personal del dictador. Sin embargo, con la aplicación del modelo ISI se inició el proceso de acumulación de capital que había estado ausente en el desarrollo económico del país. Para el año 1986, se agudiza una crisis del modelo económico en la República Dominicana, que había sido implementado en la administración del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el de una economía de servicios dejando el modelo mutado del ISI y de la industria azucarera.
Con la llegada del Dr. Balaguer al poder nuevamente en 1986, este quiso implementar una política fiscal expansiva en medio de un modelo que apenas tenía seis años de implementado, y la economía sufrió serios ajustes macroeconómicos para sincerar el crecimiento económico en base a ese nuevo modelo económico. En el período 1986-1990, la fuerte expansión del gasto público para la construcción de obras de infraestructura, y el aumento de la deuda pública en pesos para financiar los déficits generados por esa expansión en el gasto público. Esto trajo como consecuencia, un aumento de la oferta monetaria, lo cual produjo una fuerte espiral inflacionaria y una fuerte devaluación del tipo de cambio que generaron la peor crisis económica en la historia del país. De acuerdo con cifras del Banco Central en el período 1986-1990, el desempleo en la República Dominicana se situó en 20%, el peso dominicano pasó de 2.85 por dólar el 16 de agosto de 1986 a 16 por 1 a principios de 1990.
En el período presidencial 1990-1994, fruto de su victoria electoral cuestionada en 1990. Balaguer realiza ajustes a su política económica y acepta las imposiciones de las recetas económicas del Consenso de Washington que en efecto son las políticas económicas neoliberales. El consenso de Washington fue un término acuñado por el economista estadounidense John Williamson, para delinear las fórmulas diseñadas por los organismos multilaterales para estabilizar las economías de la región que se enfrentaban la crisis de la deuda de los años 80. Algunas de las medidas contenidas en ese programa se encuentran las siguientes: a) Lograr estabilidad macroeconómica; b) liberalizar la economía en torno al libre comercio; c) reducir el tamaño del Estado y abrir la economía al sector privado nacional e internacional. Balaguer adoptó dichas medidas en el plano fiscal con la aplicación de una reforma al código tributario en 1992, esto se tradujo en una reforma en el andamiaje fiscal del Estado dominicano con la introducción de impuestos indirectos y directos que significó un aumento de las recaudaciones tributarias por parte del Estado. Estas medidas neoliberales le permitieron a Balaguer estabilizar la economía, y ajustar las cuentas fiscales del país sin los sobresaltos económicos del periodo 1986-1990. El crecimiento económico fue dantesco durante la década de los 90 fruto de estas medidas en materia fiscal y monetaria, promedio un 7%. En 1992, la economía creció un 10.5%, 7.2% en 1993, 2.5% en 1994, 5.5% en 1995 y 7.1% en 1996, según cifras ofrecidas por el Banco Central de la República Dominicana.
En 1996 con la llegada al poder del Dr. Leonel Fernández, se inició la etapa de las privatizaciones fruto de la adopción de las medidas del Consenso de Washington. El programa de estabilización macroeconómica continuó durante la gestión de Leonel Fernández. La inflación estuvo por debajo de un digito durante el período 1996-2000, promedió un 5.7%, hubo una reducción de la deuda externa que pasó de 3,994 millones de dólares el 16 de agosto de 1996 a 3,676 millones de dólares el 16 de agosto del 2000, para una reducción de 318 millones de dólares. En el ámbito fiscal durante dicho período, los déficits fiscales en el sector público consolidado fueron relativamente bajos y de igual manera en el sector externo, ya que el país experimentó superávit fiscal en la cuenta corriente de la balanza de pagos en 1999 de 171.8 millones de dólares. El crecimiento económico durante este período fue robusto, la economía creció 8.0% en 1997; 7.0% en 1998; 6.7% en 1999 y 5.7% en el 2000, para un promedio de 6.8%. Es menester mencionar, que a pesar del crecimiento robusto de la economía en ese periodo y de la estabilidad macroeconómica sin paragón exhibida en igual período, el país no dio un salto cualitativo en la mejoría de la calidad de vida, ya que la pobreza terminó en un 32% de la población en el año 2000 según el Banco Mundial.
Con el inicio del siglo XXI y el nuevo milenio en el año 2000, durante el período presidencial del 2000-2004, con el regreso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) bajo el liderazgo del presidente Hipólito Mejía, la economía dominicana sufre una transformación brusca en su modelo de desarrollo económico, ya que el modelo económico de una economía de servicios basada en las exportaciones consolidado en la década de los 90, sufre choques externos fuertes que afectaron su dinamismo. Primero, vino la recesión económica de los Estados Unidos en el año 2001 por la explosión de las burbujas de las compañías tecnológicas, conocida como la burbuja del punto com, y el principal mercado de los productos dominicanos es el mercado estadounidense. El 11 septiembre de 2001, cambió el ambiente económico global fruto de los atentados terroristas, en ese mismo año 2001 entra China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que implica que China se va a ajustar a las reglas del comercio internacional, lo que supone una amenaza directa al modelo de economía de servicios exportadora de la economía dominicana por la mano de obra barata china y su relación costo/beneficio con la industria textil. El final del acuerdo multifibra en enero de 2005, fue el puntillazo final a la industria textil dominicana, ya que ciertos productos textiles entraban con preferencias arancelarias a los Estados Unidos, eso supuso la pérdida de más de 30 mil empleos en la industria de Zona Francas, al igual que por la política monetaria de sobrevaluación de la moneda que hablaremos mas adelante.
En el período 2000-2004, en la administración dirigida por el presidente Hipólito Mejía, se inicia una expansión del gasto público para la implementación de un programa de políticas sociales que abarcaron diferentes sectores, esto implicó un aumento del endeudamiento público durante esta gestión gubernamental. Por primera vez en su historia la República Dominicana accede a los mercados de capitales para la colocación de bonos soberanos por un valor de $1,100 millones de dólares, donde la mayor parte de esos recursos se ejecutó en programas de obras alrededor de toda la geografía nacional. Durante la administración del presidente Mejía la deuda pública consolidada que incluye al sector público no financiero (SPNF) y al Banco Central de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda pasó de 4,460 millones de dólares en el año 2000 a 11,099 millones de dólares en el año 2004. Una de las principales razones del aumento de la deuda pública consolidada a niveles nunca vistos fue la crisis financiera que vivió el país entre el 2003 y 2004 por la quiebra de tres bancos nacionales, por ende, la deuda del Banco Central aumentó a niveles sin precedentes debido al rescate financiero a los ahorrantes en dicha crisis financiera.
El rescate financiero llevado a cabo por el Gobierno central por la quiebra de esas tres instituciones de intermediación financiera como lo fueron: Baninter, Bancrédito y Mercantil, le costó a la economía dominicana 101,626.3 millones de pesos equivalente al 20.3% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y como resultado de este rescate financiero el Gobierno central a través del Banco Central decidió llevar a cabo una política monetaria expansiva, donde se amplió la oferta de dinero, esto trajo como consecuencia un aumento de la oferta monetaria en la economía de un 101.6% en el año 2003 con respecto al año 2002. Una de las principales consecuencias de esa política monetaria expansiva llevada a cabo por el Banco Central fue un incremento galopante de la inflación pasó de 5.5% en el 2002 a 33.6% en el 2003 y cerró el 2004 en 45.2%. Por otra parte, el tipo de cambio nominal pasó de 17.76 pesos por dólar en enero de 2003 a 60 pesos por dólar en febrero de 2004.
Durante el año 2003, fruto del rescate financiero la nueva oferta monetaria no estaba compuesta de billetes en circulación en un 66%, ya que el rescate financiero llevado a cabo por el Gobierno hizo más transparente la contabilidad de los bancos quebrados, y los depósitos de encaje legal de esos bancos aumentaron por un monto equivalente a los 25, 949.1 millones de pesos. Debido a un incremento de los agregados monetarios por el rescate financiero, la base monetaria aumentó en un 120.6% en el 2003, esto se debió básicamente a un incremento de un 185% de los depósitos de encaje legal de los bancos y otros depósitos en el Banco Central. Por tal razón, la oferta monetaria M2 que incluye (depósitos de cuenta de ahorro, certificados de depósitos, fondos del mercado de dinero y otros depósitos), aumentó en un 63.5% de acuerdo con cifras ofrecidas por el Banco Central, esto se debió como consecuencia de un aumento del coeficiente de liquidez en la economía, ya que, como porcentaje del PIB en el 2002, la oferta monetaria M2 representaba un 37.4% del mismo y en el 2003 pasó a 44.2%.
A partir de febrero de 2004, las autoridades monetarias iniciaron la aplicación de una política monetaria más restrictiva para contener las presiones inflacionarias y de depreciación del tipo de cambio. En el primer trimestre del año 2004, la oferta monetaria M2 pasó de 44.2% en diciembre de 2003 a 42.5%, en el mismo orden la oferta monetaria M1 que incluye (monedas y billetes en circulación, depósitos en cuenta corriente, etc.) se redujo en 12, 744. 6 millones de pesos en el mismo período. Esta reducción de liquidez en la economía dio como resultado una reducción significativa de los niveles de precio en la economía, donde la inflación anualizada subyacente se situó en 2.34% en marzo de 2004, y el tipo de cambio nominal que llegó a estar en 60 pesos por dólar en febrero de 2004 pasó a 47 pesos por dólar en marzo de 2004.
El control en el exceso de liquidez imperante en la economía después del estallido de la crisis financiera de 2003 logró controlarse por el involucramiento del Banco Central en operaciones de mercado de abierto, a través de la oferta de certificados de inversión. La política monetaria restrictiva por parte del Gobierno central se trasladó a los tipos de interés, la tasa de política monetaria aumentó de manera considerable y una muestra de ello fue el promedio de la tasa de interés activa de la banca múltiple fue 31.9% en el 2003 y la pasiva de 20.53%, la tasa de interés interbancaria tuvo un promedio de 24.93% en el 2003, un 10% más alta que en 2002. En marzo de 2004, la tasa de interés activa y pasiva promedio de la banca múltiple fue de 32.81% y 20.31%, respectivamente.
Entre enero y marzo del 2004, las autoridades monetarias aumentaron las tasas de interés de los certificados de inversión, y de igual manera, aumentaron las ofertas de certificados a través de subastas semanales. Mediante esas subastas el Banco Central vendió un número dantesco de certificados a inversionistas institucionales y privados con el objetivo de reducir la oferta de dinero en la economía. Para finales de marzo de 2004, la tasa de interés anual de los certificados de inversión a 30 días rondaba el 50%, y 45% para certificados a 60 días. Durante el primer trimestre del 2004, las autoridades monetarias introdujeron un nuevo instrumento de política monetaria para reducir la base monetaria denominado “coeficiente de inversión.” Este instrumento de política monetaria consistía en hacer que la banca múltiple invirtiera un monto fijo de sus recursos económicos en instrumentos del Banco Central como forma de reducir la oferta monetaria y disminuir los niveles de inflación.
El rescate financiero llevado a cabo por el Gobierno dominicano era necesario para asegurar la estabilidad del sistema financiero y así evitar un colapso del sistema financiero como ocurrió en el sudeste asiático en la crisis financiera de 1997. Devolverle el dinero a los más de 700 mil ahorrantes que tenían sus ahorros de toda la vida, fue una medida acertada por parte de la administración del presidente Mejía, que evitaron una hecatombe financiera. Ahora bien, la respuesta dada por el Gobierno no fue la adecuada después del salvataje bancario, ya que las autoridades monetarias debieron reducir los niveles de liquidez en la economía, ya que la presión inflacionaria era evidente. Algunos funcionarios del equipo económico del presidente Mejía argumentaban que había que mantener los niveles de liquidez intactos para evitar un ciclo recesivo en la economía dominicana, esta política monetaria expansiva que creo una ilusión monetaria por el exceso de liquidez que terminó constándole muy caro a la economía dominicana, ya que la economía terminó contrayéndose en medio de una espiral inflacionaria y de devaluación de la moneda galopante. La economía dominicana se contrajo un 0.3% en el 2003, siendo la primera vez que la economía dominicana enfrenta un crecimiento negativo desde la crisis económica de 1990, donde la economía se contrajo un 5.5%. El crecimiento económico promedio del país entre el 2001 y el 2004 fue de 2.2%.
Tras el retorno a la primera magistratura del Dr. Leonel Fernández el 16 de agosto de 2004, la deuda del Banco Central era de 89, 434 millones de pesos, la deuda del Banco Central cerró el año 2004 en 4,514 millones de dólares, ese incremento sustancial se debió a que el Banco Central bajo la nueva administración aumentó la colocación de certificados de inversión a través de operaciones de mercado abierto, para apreciar el tipo de cambio nominal, y así lograr disminuir la presión inflacionaria. El 16 de agosto de 2004, el tipo de cambio nominal era de 42.50 pesos por dólar y ya para noviembre de 2004 el tipo de cambio nominal se cotizaba a 28 pesos por dólar. Esta política monetaria restrictiva de revalorización del tipo de cambio nominal creó serias dificultades a los sectores exportadores y generadores de divisas como son el sector turismo y Zonas Francas, ya que el salario mínimo en esos sectores aumentó de forma desproporcionada en términos reales, y el tipo de cambio estaba sobrevaluado y por debajo del nivel paridad. El tipo de cambio nominal de 28 pesos por dólar de noviembre de 2004 estaba por muy debajo del precio compatible con el poder adquisitivo interno manteniendo la paridad del 2002, que era de 34 pesos por dólar. Y el tipo de cambio nominal que compensaba el aumento de salario nominal del sector exportador era 32 pesos por dólar. Esto trajo como consecuencia una pérdida de miles de empleos en los sectores de Zona Franca y turismo.
Esta política monetaria de sobrevaluación del tipo de cambio nominal ha sido nefasta para las exportaciones, que luego de la crisis financiera del 2003 y 2004, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ha ido en aumento y las exportaciones del país se han quedado estancadas en términos nominales. Por ejemplo, las exportaciones de la República Dominicana en el 2005 fueron de 5, 600 millones de dólares el mismo monto que en 2015. Esta política monetaria no sólo ha afectado al sector exportador, sino que les ha creado una fuerte presión a las finanzas públicas por la creciente deuda del Banco Central a niveles alarmantes, ya para finales del año 2008 la deuda del Banco Central se situaba en 6,514 millones de dólares, y el gobierno central tiene que destinar alrededor de RD$ 47,000 millones al año para capitalizar al Banco Central, que apenas alcanza para cubrir el déficit causi fiscal de dicha institución.
El endeudamiento público a partir de la nueva administración del Partido de la Liberación Dominicana iniciada en 2004 ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia económica de la Republica Dominicana, a diferencia de la primera gestión de Gobierno del presidente Fernández de 1996-2000. La deuda pública consolidada del país pasó de 11, 099 millones de dólares en el 2004 a 17, 733 millones de dólares en el 2008 de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda. El crecimiento económico promedio entre 2005 y 2008 fue de un 8%.
A partir del tercer mandato del presidente Leonel Fernández que inició el 16 de agosto de 2008, se produce una escalada del endeudamiento público a niveles sin precedentes e inicia un rosario déficits fiscales crónicos en el presupuesto nacional, sería el año 2007 el último con un superávit fiscal, esto se debió a un fuerte desbordamiento del gasto público en años electorales y a una mala ejecución del gasto público. A partir de 2009 se inicia un aumento significativo del gasto público debido a la toma de medidas anticíclicas para contrarrestar los efectos de la crisis financiera global de 2008-2009. La deuda pública consolidada pasó de 17, 733 millones de dólares en el 2008 a 27, 132 millones de dólares en el 2012. A pesar de que hubo una devaluación del tipo de cambio de manera gradual, las operaciones de mercado abierto continuaron y la deuda del Banco Central continuó aumentando de forma alarmante, pasando de 6,514 millones de dólares en el 2008 a 7, 668 millones de dólares en el 2012. Para finales de la gestión de Leonel Fernández en 2012, el déficit fiscal consolidado terminó por encima de los 205,000 millones de pesos de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El crecimiento económico promedio entre 2009 y 2012 fue mucho menor al cuatrenio anterior debido a los desajustes macroeconómicos por la política fiscal expansiva llevada a cabo por el Gobierno y la crisis financiera global, ese crecimiento promedio fue de 3.8%.
A partir del 2012 con la asunción al poder de Danilo Medina la carrera de endeudamiento y de manejo del gasto público han alcanzado la estratósfera. La deuda pública ha pasado de 27,132 millones de dólares en 2012 a 37, 264 millones en 2016. Durante esta administración ha existido poca transparencia en el manejo del gasto público y en la ejecución del presupuesto nacional. En el presupuesto del año 2015 de cada 100 pesos asignados, el Gobierno destinó 115 pesos para el gasto público, es decir (de capital y corriente), destinó 42 pesos de cada 100 para el pago de la deuda, en pocas palabras el Gobierno central tuvo que buscar 57 pesos extras para financiar el presupuesto del año 2015, es decir que el presupuesto del año 2015 fue financiado en un 57%. El Gobierno que preside Danilo Medina no ha sido transparente en el manejo del déficit fiscal, un ejemplo de ello es que para el año 2014 el Gobierno dijo que el déficit fiscal del sector público no financiero era de 72,000 millones de pesos, lo cual no fue cierto, ya que en el presupuesto del 2015 se registraron sobrepagos por un monto que ascendían a 21,700 millones de pesos.
A partir del año 2013, se inició la ejecución del 4% del PIB para el sector Educación. Sin embargo, el Gobierno no ha ejecutado de una forma responsable el presupuesto del sector. Por ejemplo, de cada 100 pesos del presupuesto de educación del 2015, el Ministerio sólo destinó 1.30 pesos para la capacitación de maestros. En otro tenor, 18% del presupuesto de Educación en el 2015 se destinó a la construcción de escuelas, lo cual vemos muy bien, pero el Gobierno debió manejar con más transparencia la ejecución del presupuesto para la construcción de esas escuelas. Por ejemplo, las 9 escuelas que inauguró el presidente Medina en Azua en 2015, el Gobierno dijo que gastó 524 millones de pesos en la construcción de dichas escuelas, pero en realidad sólo gastó 324 millones de acuerdo con las cubicaciones de los años 2013, 2014 y 2015.
En cuanto al endeudamiento externo, el Gobierno de Danilo Medina ha apelado al endeudamiento en los mercados de capitales a través de la colocación de bonos soberanos, antes del 2012, los bonos soberanos sólo representaban un 13% del endeudamiento del país, ya para el 2015 dicho endeudamiento representaba un 37% del endeudamiento total.
En el presupuesto del año 2016, el déficit proyectado por el Gobierno central fue de 2.3% del PIB, equivalente a 75, 893 millones de pesos, ese mismo presupuesto del año 2016 proyectó en un 2.1% del PIB el déficit fiscal del 2017, equivalente a unos RD$75,516 millones, y para el 2018 se proyecta otro déficit fiscal de 1.7% del PIB, equivalente a RD$67,706 millones. En otras palabras, estas proyecciones marcarían un desorden fiscal sin precedentes, ya que marcaría exactamente una década desde la última vez que el país tuvo un superávit fiscal desde el 2007, como mencionamos anteriormente. Estamos ante un modelo económico basado en el endeudamiento y el despilfarro. El Gobierno ocultó la realidad fiscal del año 2016, al decir que para ese año iban a obtener un superávit primario de 0.7%, pero eso no correspondió con la realidad, ya que postergaron cuentas por pagar que ascendían a 30,272 millones de pesos en facturas vencidas y cubicaciones, este dato fue suministrado por el experto en presupuesto y consultor, José Rijo Presbot.
Actualmente la presión tributaria del país es de un 14% del PIB, es decir que de cada 100 pesos que genera la economía dominicana, el gobierno central recibe por concepto de ingresos tributarios 14 pesos. En el presupuesto del 2016, el Gobierno tuvo comprometido en salarios, y adquisición de bienes y servicios el 6% del PIB, en el pago de intereses del servicio de la deuda 97, 764 millones de pesos, eso representa el 3% del PIB, en amortizaciones y cuentas por pagar 3% del PIB (estos datos son del presupuesto del 2016). En otras palabras, en sólo tres partidas el Gobierno tuvo comprometido 12 de los 14 pesos que recibe por concepto de ingresos tributarios, lo que deja al Gobierno en una situación de estrechez fiscal insostenible. Para finales del 2017, la deuda pública consolidada como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanzó el 52% del PIB, para un total de 40,416 millones de dólares, esta incluye la del Banco Central que superó los 10,872 millones de dólares. Sólo en el 2017 el Gobierno Central tuvo que destinar 22% de los ingresos tributarios, solamente para el pago de los intereses de la deuda, muy por encima del 18% de Grecia que posee una deuda que representa el 175% de su PIB; y de Japón que sólo destina el 3% de sus ingresos tributarios para pagar los intereses de su deuda que supera el 300% del PIB. El crecimiento promedio de la economía dominicana entre 2013 y 2016 fue de un 6.5%.
Conclusiones
Sin lugar a duda la economía dominicana ha sido una de las economías con mayor crecimiento en la región Latinoamericana en los últimos 56 años, con un crecimiento promedio de 5.4% desde 1961 hasta el 2016, donde en tan sólo en 5 años durante ese período la economía ha tenido crecimiento negativo. En 1961, la economía tuvo un crecimiento de -2.3%, por las convulsiones políticas que vivía el país fruto del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1965, la economía decreció un -12.5%, fruto de la Guerra civil de ese mismo año, luego en 1985 un -2.1%, por las medidas de ajustes económicos tomadas por el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, para cambiar el modelo económico basado en ISI a una economía de servicio con capacidad exportadora, y en 1990 un -5.5%, por los desequilibrios macroeconómicos provocados por la suicida política económica del Dr. Balaguer de expandir el gasto público y la base monetaria a la misma vez, y finalmente en el 2003 tuvo un crecimiento negativo de -0.3% por la crisis financiera provocada por la quiebra de tres bancos nacionales.
La República Dominicana necesita encontrar un modelo económico que garantice el crecimiento económico sostenido, y que este reproduzca un desarrollo humano inclusivo y de calidad. En la actualidad, la República Dominicana crece en materia macroeconómica a un alto costo, ya que es un crecimiento económico basado en el despilfarro y en un fuerte endeudamiento público que ha hipotecado el futuro de las presentes y futuras generaciones de dominicanos. Un ejemplo de ello, son los niveles alarmantes de endeudamiento que han incurrido la República Dominicana en el nuevo milenio, en el año 2000 la deuda pública consolidada de la República Dominicana era de 4,460 millones de dólares y en febrero de 2018 alcanzó los 42,378 millones de dólares, para un incremento de un 850.17%. Un crecimiento económico basado en el endeudamiento y en el gasto irresponsable no es un crecimiento real que a largo plazo podría costarle caro al país en cuanto a sus estabilidad económica y política.
La República Dominicana necesita abocarse a la adopción del pacto fiscal, pero de manera seria, para poder reordenar las finanzas públicas, ya que el país necesita mayores ingresos tributarios y un mejoramiento de la calidad del gasto público para hacerle frente a estos déficits presupuestarios crónicos que merman el buen desempeño del Gobierno y le cohíbe hacerles frente a las políticas sociales necesarias para un desarrollo inclusivo. Esos ingresos tributarios deben destinarse a iniciar un desmonte gradual de esos niveles de endeudamiento en el sector público consolidado que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y que al final de cuentas perjudica a los sectores más vulnerables. En cuanto a la política monetaria el Gobierno debe adoptar un modelo que defina el objetivo de los niveles de inflación, y liberar el control cambiario que mantiene el Gobierno a través de las operaciones de mercado abierto con la colocación de certificados de inversión, esto ha creado otro agujero fiscal al Gobierno que es inmanejable. El beneficio de tener una política cambiaria flexible acorde con los niveles de paridad, sinceraría el salario real y mejoraría enormemente los niveles de competitividad del país, en especial en aquellos sectores generadores de divisas.
El Estado dominicano debe abocarse un fortalecimiento institucional para mejorar los mecanismos de transparencia y de fiscalización del mismo que permitan un funcionamiento adecuado para evitar la corrupción galopante que retranca el desarrollo nacional y repercute de manera inexorable en la seguridad jurídica que es esencial para atraer inversión que es necesaria para mantener el crecimiento económico y la diversificación de la economía dominicana.
Por otra parte, el país necesita una democratización del sistema financiero, deben crearse mecanismos que aboguen por el acceso al crédito bancario sin discriminación que potencialicen el emprendurismo que es vital para la creación de empleos y para el crecimiento económico sostenido a largo plazo. Y de igual manera, fortalecer el aparato industrial nacional que permita tener una economía con una capacidad exportadora sólida y una economía diversificada que no dependa exclusivamente de sectores que son vulnerables a la demanda agregada global y a choques externos. Y, por último, debemos tener un sistema educativo y sanitario de calidad, ambos son la garantía de tener un capital humano preparado para la era de la economía del conocimiento que es la economía del siglo XXI.
