El pasado domingo 11 de junio de 2017, el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico fue convocado a las urnas por quinta vez en su historia para decidir el estatus político actual de la isla, en un plebiscito no vinculante. La primera vez que la isla inició dicho proceso político fue en el año 1967, imponiéndose la opción actual del Estado Libre y Asociado, de igual manera ocurrió en 1993 y 1998, respectivamente; donde la opción del Estado Libre y Asociado se impuso de manera abrumadora sobre la Estadidad y la independencia. Sin embargo, en los resultados del 2012 y 2017, respectivamente, la Estadidad se impuso de forma aplastante, superando el 97% en la última consulta.
La principal razón del triunfo abrumador de la Estadidad en los dos últimos procesos electorales ha sido supeditada a la crisis económica actual que afecta a la isla, que se encuentra atravesando una profunda recesión desde el año 2006 y la pesada carga de un endeudamiento público que sobrepasa el umbral de los 75,000 millones de dólares. A continuación nos vamos a analizar el origen de esta terrible crisis económica que padece la hermana isla de Puerto Rico.
El origen de esta crisis económica tiene varias aristas. Una de las principales fue el tratamiento fiscal que recibían los tenedores de bonos municipales, ya los bonos municipales de Puerto Rico estaban exentos del pago de impuestos. Esto trajo como consecuencia que una gran afluencia de inversionistas del territorio continental de los Estados Unidos decidiera invertir en bonos municipales de la isla. Dada esta coyuntura el gobierno inició una carrera alocada de emisión de bonos para financiar su presupuesto, por la ventaja comparativa que ofrecía los bonos municipales de Puerto Rico.
Esta alocada carrera de endeudamiento para financiar el presupuesto inició a partir de la década de 1970. La deuda pública de Puerto Rico para 1970 era 1,658 millones de dólares y para el año 1975 dicha deuda superaba los 5,095 millones de dólares (cifras ofrecidas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos). El Estado Libre y Asociado de Puerto Rico destinaba esos recursos procedentes de la emisión de bonos a cubrir gastos corrientes, como nómina y subsidios, en detrimento del gasto capital que generaran recursos para cubrir esos déficits presupuestarios crónicos.
A diferencia de otros Estados de la Unión, Puerto Rico nunca pudo sustentar el desarrollo de la economía real en la producción de bienes duraderos como la mayoría de los Estados de la Unión, unas de las principales razones que limitó ese desarrollo de Puerto Rico como un centro manufacturero de los Estados Unidos fue su lejana ubicación geográfica del territorio continental, su área geográfica y la falta de recursos naturales que sirvieran para sustentar una base manufacturera fuerte, a través del proceso de modificación de materias primas en bienes duraderos con alto valor agregado. La economía de la isla durante años se sustentó por la ayuda del Gobierno federal a través de la Sección 936 de la reglamentación fiscal federal. Esta ley permitió a muchas compañías a reubicarse en la isla por las exenciones de impuestos corporativos. Esta ley resultó atractiva para compañías del sector tecnológico y de servicios. Sin embargo, esta ley fue derogada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1996, lo que significó la fuga de cientos compañías que se quedaron sin ningún incentivo para mantener sus operaciones dentro de la isla. Esta medida significó la pérdida de cientos de miles de empleos en cinco años.
Otra de las razones de la alta carrera de endeudamiento que ha vivido el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico durante décadas, ha sido el financiamiento de costosos programas sociales. Cerca del 60% de los habitantes de la isla reciben asistencia médica a través de Medicare o Medicaid. Sin embargo, si comparamos a Puerto Rico con otros Estados de la Unión con igual número de habitantes viviendo por debajo de la línea de pobreza como Mississipi, o con una población similar como es el caso de Kentucky. Por ejemplo, en el año 2009 Puerto Rico recibió cerca de 2,800 millones de dólares por parte del Gobierno federal de los Estados Unidos para programas de asistencia social, tales como: Educación, Medicare, Medicaid, estampillas de comida, almuerzo escolar y transporte, entre otros. El Estado de Kentucky ese año recibió 6,026 millones de dólares para dichos programas. Kentucky es un Estado con niveles de pobreza similares y de población comparado con Puerto Rico, pero al ser Puerto Rico un Estado Libre y Asociado es discriminado en las ayudas federales por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Es por ello, que el gobierno de la isla tiene que destinar una gran cantidad de recursos para financiar estos costos programas sociales.
Debido al agudizamiento de la crisis económica esta ha provocado un declive significativo de la población de la isla. El nivel de población más alto que alcanzó Puerto Rico fue en el año 2005 con 3.91 millones de habitantes, y esta cifra se redujo a 3.4 millones para el año 2016, según cifras ofrecidas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esto ha ocasionado que la participación laboral se haya reducido hasta el 45% de la población económicamente activa, lo que ha generado serios problemas a las arcas del Estado Libre y Asociado, porque recibe menos ingresos tributarios por los bajos salarios de los trabajadores de la isla y el gran número de personas que se encuentran recibiendo beneficios de la red de asistencia social dificultan al Gobierno de la isla a honrar sus compromisos fiscales.
El pueblo de Puerto Rico se encuentra en un momento cumbre de su historia, y debe decidir su propio destino en uno de los dos extremos, ya sea la Estadidad o la independencia. Porque el estatus político actual de Estado Libre y Asociado es la forma de coloniaje más sutil y deprimente que pueblo alguno puede ostentar. La única diferencia entre un territorio y un Estado Libre y Asociado es que este último tiene una Constitución. El pueblo de Puerto Rico debe actuar unido para resolver esta crisis, es por ello que creemos pertinente que el Gobierno de la isla convoque a una nueva consulta, ya que esta participación del 23% del electorado en el plebiscito del pasado 11 de junio deslegitima la voluntad popular de un pueblo que históricamente ha participado de manera masiva en sus procesos electorales, con una participación que ronda el 85% del electorado.
A nuestro entender lo que más le conviene a Puerto Rico es convertirse en el Estado número 51 de la Unión, ya que sí Puerto Rico se convierte en un Estado, el Congreso de los Estados Unidos no podrá discriminar a Puerto Rico en la asignación de fondos de bienestar social. Porque sí Puerto Rico logra convertirse en un Estado de la Unión, la Administración del Seguro Social se verá obligada a pagar a los beneficios que corresponden a los puertorriqueños que pagan sus contribuciones al Seguro Social, esto proporcionaría miles de millones de dólares en beneficios para las personas mayores de edad y discapacitadas. En otro tenor, Puerto Rico de convertirse en un Estado de la Unión aplicaría el Seguro Social Complementario y Medicare, por los cuales pagarán las mismas primas que los residentes en el territorio continental de los Estados Unidos, lo cual mejoraría de forma sustancial el sistema sanitario de Puerto Rico.
Sí Puerto Rico logra convertirse en el Estado 51, esto implicaría una mayor inversión de capital por parte del Gobierno federal de los Estados Unidos que incrementaría la actividad económica en la isla, y con la estabilidad política y económica que ofrecería la Estadidad, esto generaría una afluencia de inversión extranjera directa que incrementaría la productividad de la isla y por ende la creación de trabajos de calidad. Por otra parte, con la Estadidad los puertorriqueños adoptarían el sistema tributario estadounidense, lo cual le permitiría recibir reembolsos de sus ingresos por concepto de trabajo o créditos fiscales.
Bajo el esquema político del Estado Libre y Asociado, Puerto Rico no puede acogerse a la ley federal de Bancarrota y su capítulo 9, para de esta forma poder reestructurar su deuda pública con sus acreedores. Tampoco puede tomar medidas monetarias como la devaluación de su moneda para reducir el valor nominal de su deuda, porque no tiene moneda propia y no es una nación independiente. Es hora que el pueblo de Puerto Rico rompa con ese estatus político colonial y adopte un modelo político-institucional más acorde con el Siglo XXI.
