El general retirado de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín ha vuelto a la notoriedad pública. Primero como uno de los dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, y recientemente como uno de los organizadores de una manifestación de expolicías, el pasado martes 13, que exigían supuestos pagos atrasados de salarios de pensiones. De paso, esta protesta llamó la atención porque complicó el ya traumático tránsito en la capital.
Otra aparición pública del exjefe policial fue la denuncia que hizo de que la Policía Nacional le retiró un equipo de agentes que le sirven de guardaespaldas.
La Policía Nacional lo desmintió y dijo que sus declaraciones son mentirosas: «Desconocemos cual es el interés que se persigue con declaraciones desafortunadas”.
Nadie es tonto para no darse cuenta de que con sus acciones, con sus declaraciones acusando al gobierno de desprotegerlo, y con la labor de vocería que hace como dirigente de Fuerza del Pueblo, Guzmán Fermín está haciendo política, y la hace en momentos de campaña electoral.
Son muchas las actuaciones del general retirado Guzmán Fermín, del pasado reciente, que no se olvidarán de manera fácil.
Desde la desaparición de Juan Almonte, y su presumible muerte, por parte de un comando criminal que se utilizaba desde la jefatura de la Policía Nacional, hasta los intentos de asesinatos de periodistas, y los atentados con temas de drogas, además de las acusaciones falsas contra ciudadanos, son muchas las personas que pudieran tener motivos para guardar rencor al oficial que impuso la mano dura en su gestión sin obtener más resultado que cientos de muertos en ejecuciones extrajudiciales bajo el eufemismo de “intercambio de disparos”.
Amnistía Internacional ha documentado el caso de la desaparición de Juan Almonte, y ha insistido en la búsqueda de este ciudadanos, pero no ha encontrado la respuesta adecuada en la sociedad ni en la justicia dominicana. Guzmán Fermín era el jefe policial en el momento de su apresamiento y desaparición.
Amnistía Internacional ha dicho lo siguiente:
“A Juan Almonte Herrera no se le ha vuelto a ver desde el 28 de septiembre de 2009, cuando al parecer fue secuestrado por cuatro hombres identificados por testigos presenciales como agentes de policía. Desde su desaparición, su familia y abogados han denunciado que agentes de policía les han seguido y sometido a vigilancia. Juan Almonte Herrera puede haber sido víctima de desaparición forzada”. Este caso persigue a Guzmán Fermín, y por ello necesita protección.
Amnistía ha insistido en la búsqueda de justicia por este caso:
«A pesar de que varios testigos han declarado que Juan Almonte fue secuestrado, las autoridades dominicanas han hecho muy poco para investigar su paradero. Las autoridades policiales sostienen que Juan Almonte es un prófugo y han solicitado los expedientes de las personas que han abandonado el país, al parecer en un intento de mostrar que Juan Almonte se encuentra entre ellas. La familia y los abogados de Juan Almonte no han recibido ninguna comunicación oficial acerca del estado en que se encuentra la investigación sobre su desaparición, a pesar de haber presentado tres denuncias ante las autoridades judiciales en relación con su secuestro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado inadecuada la respuesta de las autoridades dominicanas”.
Guzmán Fermín dio continuidad a la política de “intercambios de disparos” con que la Policía Nacional eliminó a más de 4 mil dominicanos en 16 años, y en su período entre el 2008 y el 2010, fue responsable del asesinato y desaparición de cientos de dominicanos.
Participación Ciudadana hizo mención, en un informe sobre los intercambios de disparos, del relato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dice, sobre la gestión de Guzmán Fermín:
“Según el informe, sólo en el plazo de Rafael Guillermo Guzmán Fermín como jefe de la Policía, en 2008, 2009 y 2010, al menos 1.300 ciudadanos fueron asesinados.” Estas estadísticas muestran que con la política de «intercambios de disparos” no hubo disminución de la criminalidad en cualquiera de sus manifestaciones, desde hurto simple o delitos comunes hasta llegar a delitos de cuello blanco, incluyendo el crimen organizado y la corrupción de la administración pública, «, dice el informe de la CNDH.
Esta organización de defensa de los Derechos Humanos hizo la cuenta, por año, de los asesinatos patrocinados por la Policía Nacional, en las diferentes jefaturas:
En el año 2000, bajo Pedro de Jesús Candelier, al final de la administración de Fernández y el comienzo del plazo de Hipólito Mejía, el número de muertes a manos de la Policía Nacional ascendió a 301.
Para el año 2004, entre el final del período de Candelier y el comienzo del plazo de Jaime Marte Martínez, hubo 360 muertes atribuidas a estos «intercambios».
En 2005, entre el término de Jaime Marte Martínez y el de Manuel de Jesús Pérez Sánchez, había 437 muertes relacionadas con la policía.
Entre el 2006, bajo la dirección del Jefe Bernardo Santana Páez, los muertos ascendieron a 295. En 2007, también bajo Santana Páez, el número se elevó a 345.
En 2008, con Rafael Guillermo Guzmán Fermín, como Jefe de los muertos ascendió a 413.
Para el año 2009, el número de muertes bajo la jefatura de Guzmán Fermín ascendió a 400. En 2010, antes de pasar al comando de José Armando Polanco Gómez, las muertes durante el gobierno de Guzmán Fermín fueron más de 450.
En 2010, durante los primeros tres meses bajo la dirección del mayor general José Armando Polanco Gómez, unos 28 dominicanos murieron.
En 2011, con el mismo jefe de la Policía Nacional, Polanco Gómez, hubo 300 víctimas de las bolsas de disparos con la policía, y en 2012, había 170.
El general Guzmán Fermín pasó por numerosas direcciones regionales en la Policía Nacional, y en San Francisco de Macorís llegaron a identificarlo con el sobrenombre de “El Cirujano”, porque hizo la costumbre de ordenar a los agentes disparar en las rodillas a los ciudadanos supuestamnte sospechosos, para impedirles caminar de por vida. Son muchas las versiones que cuentan de la existencia de un escuadrón de la muerte, a su servicio.
Guzmán Fermín, luego de su salida de la Policía Nacional, en agosto de 2010, se dedicó por entero a la actividad política, en favor del doctor Leonel Fernández, y ahora es un activo militante de Fuerza del Pueblo y tiene una actividad constante en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), aparte de una columna en uno de los diarios impresos nacionales.
Entre el 17 de agosto de 2007, cuando fue posesionado como jefe de la Policía Nacional, y el 16 de agosto de 2010, cuando fue destituido, fueron muchas las muertes de ciudadanos a manos de la Policía Nacional. Esa Policía hacía detenciones abusivas, retenes en los barrios y asesinaba gente pobre, y el país fue denunciado por los organismos que trabajan en procura de la defensa y protección de los derechos humanos por todas las violaciones que se cometieron, las desapariciones y los llamados intercambios de disparos o muertes extrajudiciales.
Pero hay otras versiones, que han sido divulgadas ampliamente por comunicadores de las redes sociales, que han implicado demandas judiciales, pero que no han tenido resultados conocidos. Son las vinculaciones del General Guzmán Fermín con Rafael Rosado Mateo, exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), gestión en la cual hubo varios escándalos por vínculos de oficiales con el narcotráfico.
Guzmán Fermín y el narcotraficante español Arturo del Tiempo tuvieron negocios y realizaron actividades sociales, y de amistad, personal y familiar, que estrecharon ese vínculo hasta convertir a Arturo del Tiempo en un oficial de alto rango de la Policía Nacional y de los servicios de inteligencia del Estado.
El semanario Clave, clausurado luego de denunciar esos vínculos, reveló detalles de esas actividades por un interrogatorio obtenido de la novia del hijo de Arturo del Tiempo. Un intento de asesinato del director del semanario concluyó en fracaso, pero puso fin a la vida de un ciudadano dominicano, asimilado militar, que caminaba por el Jardín Botánico en julio del 2010.
Desde muy temprano entre 2018 y 2020, la embajada de los Estados Unidos se resistió a renovar la visa para entrar a territorio norteamericano al ciudadano Guzmán Fermín. En tres ocasiones el exoficial solicitó renovación de su visa, y le fue negada la solicitud. Acento preguntó esta semana a un funcionario de la embajada si la prohibición se mantenía, pero el dato no fue ofrecido por política de la delegación diplomática, que se niega a abordar los casos particulares, con la excepción del retiro del visado del vocero de la Fuerza del Pueblo, doctor Roberto Rosario Márquez, a quien le fue cancelada la visa, en su presencia, mientras ejercía funciones de presidente de la Junta Central Electoral.
Acento indagó por otras vías, y recibió el dato de que además de la negativa del visado en 2021, en enero del año 2022 cuando nuevamente pidió le fuera concedida la visa, el consulado de los Estados Unidos le informó que resultaba una persona ineligible indefinidamente para recibir el beneficio de una visa para pisar el suelo norteamericano.
Y en ese momento tuvieron la cortesía de ofrecerle las razones por las que resultaba no elegible para un visado: Por sus vínculos con actividades criminales, por violación de los derechos humanos y desaparición de personas, por corrupción, y por amenazas e intimidación contra periodistas.
En la misma situación se encuentra el exdirector de la DNCD, Rafael Rosario Mateo, quien fue despojado de su visado a finales del 2019, y las fichas que sostienen esa negativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es por sus vínculos y apoyo a organizaciones criminales transnacionales, relacionadas con las drogas.
Por cierto, estos retiros de visados resultan de por vida.
El asunto se conoce a poco de cumplirse una década de la denuncia del mayor general Juan Taveras Rodríguez que en marzo de 2014 acusó a Guzmán Fermín de planificar su asesinato, luego de que él mostrara a través de sus escritos irregularidades y violaciones a los derechos de los dominicanos que se sucedieron en la Policía bajo el mandato del ahora supuesto desprotegido exjefe policial.
Juan Taveras Rodríguez sostuvo entonces que su retiro a destiempo de la institución del orden se debió a que no quiso retractarse de sus publicaciones y continuó denunciando en ellas diversas anomalías, y que a él sí le quitaron los escoltas, su arma y, además, duró siete meses sin cobrar y no querían reconocerle el rango de mayor general que le correspondía por ley.
“El exjefe Guzmán Fermín fue un abusador y un violador de la ley orgánica de la Policía” aseguró el general Taveras y detalló que Guzmán Fermín, a quien tildó de «psicópata social”, ordenó su arresto acusándolo de haber violado las normas de la institución, pero jamás pudo demostrar tal acusación.
Por publicar sus punto de vista en Acento, Guzman Fermín apresó al general Juan Taveras Rodríguez, posteriormente lo canceló.
