El presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) confirmaron que empresarios participaban en las marchas verdes y estuvieron financiándolas, porque originalmente era una lucha contra la corrupción y la impunidad, pero dejaron de hacerlo porque ese movimiento se ha distorsionado y es utilizado como plataforma política.
Campos de Moya y Circe Almánzar manifestaron que en un principio algunos gremios empresariales y empresarios de manera personal participaban de las manifestaciones, pero el movimiento “Marcha Verde” carece en la actualidad de objetivos claros, por lo cual se han ido retirando.
Entrevistados por la periodista Amelia Dechamps en el programa En La Mira, de Fidelity 94.1 FM, los dirigentes empresariales expresaron que también los empresarios se han retirado, porque parte algo que los motivaba era que fueran sometidos los implicados en los sobornos de Odebrecht y ya la Procuraduría General de la República ha iniciado el proceso judicial contra estos.
Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana.
Circe Almánzar aclaró que el sector empresarial continúa su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero entiende que el movimiento Marcha Verde se ha ido perpetuando, pero sin un objetivo claro y preciso, y pueden utilizarlo como plataforma política.
“Los empresarios pueden tomar decisiones firmes en un momento determinado, pero no están para apoyar objetivos políticos”, enfatizó la dirigente empresarial.
Circe Almánzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana.
Con relación al escándalo generado en el país por los alegados sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, De Moya reveló que como consecuencia de este muchas empresas nacionales y extranjeras han resultado afectadas y han paralizado sus proyectos de inversión, principalmente en el área de la construcción.
Defendió la calidad de las construcciones de la compañía brasileña y, respecto al escándalo llevado a la justicia por la Procuraduría General de la República, consideró que solo hay que esperar lo que decidan los tribunales con los sometidos hasta el momento y con los demás que resultaren implicados.
“Ojalá que como resultado de las investigaciones de la Procuraduría, los que sean culpables sean condenados y no que se les condonen las penas, como ha sido historia en el país cuando sube un gobierno”, reclamó el presidente de la AIRD.
Punta Catalina
De Moya y Almánzar defendieron el proyecto de construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, pero precisaron que el problema del país no es de generación, sino de que se establezcan reglas de juego claras para facilitar la inversión.
Pese a esto, informó que hay sectores privados que se han atrevido y han invertido en el sector eléctrico.
Enfatizaron que el problema en el sector eléctrico es de costos y Punta Catalina en principio era un proyecto a desarrollar por el sector privado, pero lo tomó el Gobierno, pese a lo cual estima que es importante para el futuro energético del país.
Campos De Moya y Circe Almánzar también hablaron del Pacto Eléctrico y de los problemas que han impedido arribar a acuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los sectores laboral y social.
