Los “actos de corrupción”, “mal gobierno”, “desvíos de fondos públicos” y la “toma de medidas que perjudican la naciones” han llevado a los ciudadanos de algunos países a crear movimientos sociales y a solicitar juicio político para los gobernantes, la cárcel o la destitución del puesto de gobierno.
En esta ocasión el presidente Danilo Medina se encuentra en el ojo del huracán, ya que el movimiento “Marcha Verde”, ha solicitado al Congreso Nacional un juicio de fondo para el mandatario, al considerar la vinculación a la gran cantidad de actos de corrupción en los que se encuentra su gobierno y que estos merecen una exhaustiva investigación.
Otto Pérez, Guatemala
Acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, privado de su inmunidad en 2015, renunció al cargo.
“Solicitamos el inicio de un juicio político contra el presidente Danilo Medina, por su vinculación con las prácticas mafiosas de la multinacional Odebrecht en el territorio dominicano”, fue el pedido de los manifestantes, quienes juntos lo coreaban frente la entidad del Estado.
Vestidos de verde, los integrantes del movimiento realizaron ayer frente al Congreso de la República su petición. También afirmaron que estarán en las calles del país hasta que su pedido de un juicio político sea llevado a cabo.
“El movimiento Marcha Verde esta consciente del secuestro y de la captura de la institucionalidad en la República Dominicana y por eso estamos demandando que aquellos que supuestamente nos representan en el congreso asuman su responsabilidad”, manifestó Carlos Pimentel.
Al presentarse frente al Congreso, los miembros del movimiento entregaron a una delegación de diputados de la República una propuesta de resolución mediante la cual establecen su petición y el pronto inicio de la misma.
Aberto Fijimori, Perú
Aberto Fijimori, Perú
Dstituido en el 2000, por incapacidad moral permanente, también fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
La comitiva que recibió el documento del movimiento social estuvo integrada por los diputados Fidelio Despradel, Faride Raful y Fidel Santana, recibiendo un documento de 18 páginas y 27 considerandos.
El grupo justificó la solicitud de juicio político por las faltas graves que manifiestan ha cometido el presidente Medina en el ejercicio de sus funciones.
Vinculación del Presidente
Para llevar a cabo su solicitud el colectivo señaló lo que consideran una relación existente entre el mandatario y el “delincuente y triangulador” de fondos de Odebrecht, Joao Santana, quien, resaltan, fungió como el principal asesor de las campañas electorales de Medina en el 2012 y el 2016, llegando a ocupar oficinas en el mismo Palacio Nacional.
Además, citan las declaraciones en las que los funcionarios de Odebrecht, Fernando Migliacciio y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, confesaron las transferencias millonarias de la constructora para campañas electorales en República Dominicana.
Carlos Andrés Pérez, Venezuela
Carlos Andrés Pérez, VenezuelaAcusado de malversación y enriquecimiento ilícito, cesado en mayo de 1993 y en agosto su destitución fue confirmada por el Congreso.
En la comunicación entregada, el colectivo Marcha Verde también afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recibió fondos de constructora Odebrecht, S. A., a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE&ART2013, SRL”, las cuales, apuntó, eran propiedades del publicista brasileño, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil.
Punta Catalina
Otro de los puntos que tiene el proyecto de resolución son estimaciones de sobrevaluaciones de obras construidas por Odebrecht durante la gestión de presidente Medina, y resaltan de manera especial el caso de las plantas de generación eléctrica a carbón de Punta Catalina.
“Todo indica que esta obra fue significativamente sobrevaluada y que el Presidente se implicó directamente en su adjudicación a Odebrecht. Fue un miembro de su propio gobierno y partido quien reveló públicamente que parte de los recursos de este proyecto se utilizaron para comprar legisladores que modificaran la Constitución e introdujeran la reelección en la Constitución”, se explicó en el documento.
Cifras y datos
El movimiento Marcha Verde, que aboga por el fin de la impunidad en el país, dio datos en los que apuntan que las irregularidades cometidas por el gobierno del Presidente se encuentra lo ocurrido en el primer trimestre de este año, cuando afirman que el Ejecutivo pagó un total de RD$3,312 millones de pesos (US$70 millones de dólares), equivalentes al 192 % de lo que tenía presupuestado el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para todo el año en obras de la constructora extranjera.
También señaló el caso del Corredor Duarte, afirmando que “es más que evidente la complicidad del gobierno de Danilo Medina con Odebrecht, al pagarle un monto de RD$1,960 millones sin estar contemplado en la Ley No. 690-16, de Presupuesto General del Estado para el año fiscal de 2017”.
Otros países
Aunque hoy Republica Dominicana se enfrenta a esta realidad, hace algunos años los ciudadanos de países como Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, y el más reciente Estados Unidos, han pedido juicio político para sus gobernantes, la destitución o la investigarlos de su gestión.
A finales de noviembre medios internacionales informaron que el megadonante demócrata y multimillonario ambientalista Tom Steyer defendió su campaña por 20 millones de dólares pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos que inicie un juicio político contra el presidente Donald Trump, explicando que es “muy importante y urgente que lo saquemos del cargo” tras conocerse la injerencia de Rusia en su campaña y la posterior destitución del director de FBI.
También en Brasil se vivió una situación similar cuando a la expresidenta Dilma Rousseff, luego de cinco años de mandato, se le realizó un juicio político, que concluyó con su destitución.
En su gobierno, Rousseff fue vinculada a crímenes de responsabilidad, escándalo de sobornos en Petrobras, pero lo que detonó su destitución en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
No se sabe cuál será la decisión del Congreso Nacional a la petición de cientos de ciudadanos que forman el grupo Marcha Verde, pero según las declaraciones de los representantes del colectivo no descansarán hasta que el juicio político al presidente Danilo Medina sea realizado por los supuestos actos de corrupción en los cuales él y su gobierno se encuentran involucrados. “El juicio político forma parte del Plan de Acción de la Marcha Verde y continuará impulsándose en las diferentes regiones del país, para abrir la posibilidad a que la ciudadanía lo respalde y otros legisladores lo suscriban”, concluyó el grupo.
