Si bien el presidente Danilo Medina y sus funcionarios no están por encima de las leyes, es poco probable que acudan a una eventual citación del partido Frente Amplio (FA) en atención a lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que le autorizó dicha diligencia.
En un régimen de derechos como el que rige en la República Dominicana a ningún ciudadano se le reconoce estar fuera del alcance de las normas legales sin importar el rango que ostente.
Sin embargo, la posibilidad de que Medina y la señora Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia, acudan a la citación por el Frente Amplio, son remotas, a partir de la tradición de los gobernantes dominicanos de sentirse por encima del bien y del mal.
El TSE, mediante auto 086-2020, le dio luz verde al FA para que cite a Medina y Guaba a la audiencia de amparo que ha fijado para el martes próximo, por la violación a la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral.
Dicha medida estableció que “todo funcionario público que tenga bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del Estado o de instituciones descentralizadas del mismo, no podrá disponer de dichos recursos o bienes en provecho de ningún candidato o candidata a quien se haya aceptado su candidatura por una Junta Electoral, en el caso de las elecciones municipales, o por la Junta Central Electoral, en el caso de las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputaciones”.
Dispuso que en el caso de aquellos funcionarios públicos que, por cuya función se puedan incluir como poseedores de las condiciones descritas anteriormente, no podrán, prevaleciéndose de su condición ni utilizar recursos puestos a su disposición por el Estado en la celebración de actos políticos de promoción de candidaturas”.
El Frente Amplio considera que la directora del Plan Social, una dependencia de la Presidencia de la República, está abusando de sus funciones al disponer la adquisición de bienes por casi mil millones de pesos que serán distribuidos en abril próximo en medio la campaña presidencial y congresual.
Las relevaciones en ese sentido mantienen al Gobierno en un momento de presión social y política para que se abstenga de utilizar los recursos del Estado en favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.
