El cartel Jean Alain eliminaba compañías de licitaciones para que solo ganaran sus preferidas

La «Operación Medusa», orquestada por el ministerio público, es la más reciente de las investigaciones que ha dirigido la justicia dominicana en contra de supuestos actos de corrupción, revelando las pretendidas maniobras ilícitas con las que se enriquecían exfuncionarios.

Uno de los esquemas en común presuntamente utilizado por los imputados en estas “operaciones” son las licitaciones “fantasmas”, que no son más que procesos de compras amañados a través de influencias.

Y la Procuraduría General de la República (PGR) no fue la excepción, de acuerdo a la solicitud de allanamiento pedida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a un tribunal del Distrito Nacional.

En el referido documento los fiscales detallaron las supuestas irregularidades en estos procesos de compras, principalmente por parte de los implicados en la Operación Medusa Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Canó Sacco.

Según dicho expedientes, ambos tenían incidencia directa en qué compañía ganaban las licitaciones de la Procuraduría, a cambio de prebendas.

Sin embargo, la manera de amañar estos concursos variaban, e iban desde el hecho de que en ocasiones solo las empresas favorecidas sean las únicas en presentarse en el sorteo hasta la descalificación adrede de las entidades no “agraciadas”. 

Así lo confesó la coimputada Rainiery Elizabeth Medina Sánchez durante su interrogatorio con las autoridades, asegurando que sobre ella y otra implicada, Mercedes Camelia Salcedo Disla, caía esa tarea.

Esto lo lograban a través de sus cargos de encargada de almacén de la PGR y coordinadora administrativa de modelo penitenciario, respectivamente.

La modalidad en cuestión consistía en realizar visitas para asegurarse que las empresas que participaban en las licitaciones cumplían con los requerimientos del contrato, para luego descalificarlas bajo instrucciones de otros imputados.

Asimismo, para reprobar a estas compañías Medina Sánchez y Salcedo Disla alegaban incumplimientos como problemas de iluminación y de limpieza.

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