l patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos en el área formal alcanza un monto de RD$373,249.3 millones a enero de este año con tendencia creciente.
Esos fondos crecen en rentabilidad con base en los instrumentos en los que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) los invierten. La rentabilidad promedio del último año es de 10.7% anual, menor al 12.5% del año anterior, aunque por encima de los niveles de inflación y devaluación acumulados.
Pero esa rentabilidad depende en gran medida del Estado. De hecho, cuando se analiza el destino de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores se tiene que las AFP los han concentrado mayormente en instrumentos de deuda del Estado.
Al cierre del año pasado, la Superintendencia de Pensiones (Sipen) registra que el 47.6% de los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos de deuda del Banco Central, otro 22.3% es colocado en bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Si a eso se suman las colocaciones de los fondos de pensiones en entidades financieras que también pertenecen al Estado, como los certificados del Banco de Reservas (9.6%) y los instrumentos del Banco de Desarrollo de las Exportaciones (Bandex), antiguo BNV, con el 0.3% de los fondos, se llega a la conclusión de que el 79.8% de los fondos de pensiones están depositados en instrumentos de instituciones del Estado.
Esa situación desmonta cualquier argumento de oposición a que los fondos de pensiones sean habilitados para invertirse en proyectos de desarrollo de obras de infraestructuras o de viviendas bajo el patrocinio del Gobierno, pues en la actualidad, casi el 80% de esos recursos son manejados por el Estado, y no precisamente en proyectos de desarrollo con tasa de retorno.
Alternativas para invertir los fondos de pensiones
Las AFP tienen pocas alternativas para invertir los fondos de pensiones, debido a que sólo tienen la opción de las emisiones de deuda que hacen el Banco Central y Hacienda, así como algunos organismos multilaterales, los bancos, otras entidades financieras y pocas empresas privadas, especialmente del sector energético.
La Sipen indica que el 24.7% de los fondos de pensiones está depositado en instrumentos de los bancos de servicios múltiples, aunque dentro de ese porcentaje, casi la mitad (9.6%) está en el estatal Banco de Reservas.
Otro 2% es colocado en tres de las 10 asociaciones de ahorros y préstamos que operan en el país (APAP, La Nacional y ALAVER), además de un 0.1% en instrumentos de organismos multilaterales y 2.7% en bonos de empresas privadas. En esa parte se incluyen bonos de la empresa de generación eléctrica (EGE-Haina) la cual es 50% propiedad del Estado, por lo que también una parte de ese 2.7% de los fondos de pensiones es directa o indirectamente regenteado por el Estado.
Los fondos de pensiones son administrados por cinco AFP: Reservas, Romana, Popular, Siembra y Scotia Crecer. Ésta última tenía hasta hace poco la mayoría de los cotizantes a la seguridad social, pero ha sido desplazada del primer puesto por AFP Popular, que al cierre del año pasado tenía el 32.5% de participación.
AFP Scotia Crecer abarca el 31.2% de los cotizantes, seguida de Siembra con el 20.3%, Reservas tiene el 15.2% y APF Romana con el 0.8%.
El sistema de seguridad social registra hasta el 31 de enero de este año 3 millones 283,151 afiliados, de los cuales 1 millón 501,053 son cotizantes, es decir, aportantes a los planes de pensiones junto con sus empleadores, lo que implica una densidad de 45.7%.
Distribución de los fondos de pensiones
La mayor parte de los fondos de pensiones, alrededor del 78%, corresponden a los de capitalización individual (CCI), que son administrados por las AFP; en tanto que el 7.6% lo componen fondos de reparto individual, especialmente de empleados del Banco Central, del Banco de Reservas y del sector educativo agrupados en el Instituto Nacional de Bienestar de los Maestros (Inabima).
Otra parte de esos recursos, poco más de 5.3%, lo compone el fondo de solidaridad social y una proporción mínima de menos de 1% son fondos de planes complementarios en AFP Romana y AFP Siembra.
Los fondos de pensiones de capitalización individual (CCI) en el sistema nacional de seguridad social se rigen por la Ley 87-01, son obligatorios y provienen de un aporte mensual de cada trabajador formalizado por alrededor del 3% de su salario más otro 7%, un poco menos, que aportan los empleadores por cada empleado.
Luego de 30 años de cotizaciones, el trabajador tiene derecho a una pensión que dependerá de la calidad de dinero acumulado más el rendimiento que haya adquirido.
Otras pensiones se otorgan antes de concluir ese período de cotizaciones, como los retiros por discapacidad, de las cuales se han otorgado 5,006 al cierre de enero de este año, de un total de 8,562 solicitadas.
Asimismo, la Sipen registra el otorgamiento de otras 5,540 pensiones por sobrevivencia, aunque tiene en sus archivos registros de 12,517 solicitudes por ese concepto.
La seguridad social también ha devuelto sus aportes a 72,076 afiliados de ingreso tardío y otorgado 21 pensiones de retiro programado.
Rentabilidad de las AFP
Recientemente la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca modificar la Ley 87-01 para reducir los niveles de rentabilidad de las AFP. Actualmente las AFP reciben como rentabilidad un porcentaje específico de los fondos de pensiones bajo su administración. En forma adicional tienen el derecho de cobrarse hasta el 30% del nivel de rentabilidad que obtengan de las inversiones, cuando marcan por encima del promedio de rendimiento de los certificados de los bancos múltiples.
Por ejemplo, si el promedio de rendimiento de los certificados de la banca es de un 5% anual y las AFP logran colocar los fondos de pensiones a un rendimiento de 12%, tienen derecho a recibir el 30% del 7% de rentabilidad adicional que se obtuvo sobre el promedio de 5% de la banca.
Los legisladores han decidido bajar esa rentabilidad adicional de 30% a 15%, mientras que las AFP se oponen y dicen que están en la disposición de bajarla a 25%. El proyecto fue aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados y está pendiente de aprobación en el Senado.
