El Peregrino merece un resarcimiento moral y una indemnización económica por parte del gobierno

Tras el Ministerio Público, a traves de un profundo proceso investigativo, confirmar que la droga aparecida en el vehículo de Juan Compres mejor conocido como «El Peregrino» no era de él las autoridades dominicanas deberían procurar el resarcimiento moral y la indemnización económica a un ciudadano meritorio que fue víctima de los desenfrenos de un poder politico que al parecer no tiene límites ni escrúpulos.

El Peregrino, un ciudadano común que vive de la transportación pública pero que a pesar de sus origenes humildes ha tenido el valor patrio de integrarse activamente a las luchas ciudadanas que procuran la reconstrucción de una República Dominicana que se encuentra al borde del abismo.

El Peregrino es un miembro importante de la Marcha Verde, organización cívica que en los últimos 2 años se ha constituido en la mas importante organización social de toda la historia democrática de la República Dominicana.

Evidentemente que la perversa intentona de incriminar a El Peregrino colocándole en su vehículo sustancias controladas, obedeció a los fallidos deseos del poder politico desacreditarlo a él y a la marcha verde e invalidarlo a continuar las históricas luchas sociales que encabeza en su natal Moca.

Esta penosa situación en la que se ha visto involucrado un ciudadano altamente valioso para el país no puede quedarse en una pequeña nota de prensa del Ministerio Público informando que determinó que la droga encontrada no tiene dueño. Descartando con esto que la droga fuese del peregrino pero tambien procurando proteger a los verdaderos responsables que tuvieron el descaro de a plena luz del dia detener el vehiculo de El Peregrino y colocarle la droga que gracias a una cámara de video que se encontraba activa en ese preciso momento y en el mismo justo lugar donde lo detuvieron, pudo el pueblo dominicano de forma irrefutable percatarse de que la droga fue colocada por uno de los policias actuantes.

Esperemos pues que las autoridades dominicanas llamadas a velar por un Estado democratico y de derechos estatuido en nuestra carta magna sepan con justeza resarcir los daños materiales y morales causados a un hombre que merece el reconocimiento ciudadano por sacrificar vida y bienes en favor de la defensa de los mas sagrados intereses de la nación dominicana.

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