SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) que intervenga ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para que se disponga la eliminación del co-pago para la terapia de hemodiálisis.
Este co-pago «resulta insostenible, debido a que la mayoría de los pacientes renales no pueden trabajar, por su situación de salud, ni cuentan con otro medio de ingreso», remarcó Eddis Castillo, presidente de la entidad que agrupa a estos pacientes.
Otra de las razones que fundamenta la solicitud apunta a que «muchos pacientes renales que cuentan con seguros médicos privados se ven en la obligación de limitar la cantidad de sesiones de diálisis semanales, para disminuir el copago», sostuvo.
Estas personas deben firmar compromisos de pago con las clínicas privadas, «lo cual afecta considerablemente su calidad de vida y los lleva a recurrir a las emergencias y agrava de su condición», subrayó Castillo.
La petición dirigida al titular de SISALRIL, Pedro Luis Castellanos, el activista de los derechos de los pacientes renales destacó que “muchos pacientes, que cuentan con seguros privados se están dializando en hospitales públicos, debido a que allí no se les cobra ni al paciente y, en muchos casos, tampoco a las Ars».
«Es el Estado quien asume el costo de dicha terapia, que incluye el uso de filtros, líneas, y varios insumos costosos, más los equipos y medicamentos de rigor, con el agravante de que las mayoría de las Ars no le paga a los hospitales por ese servicio a sus afiliados, convirtiéndose el enfermo renal, en una carga pública y un ahorro a favor de la Ars», apuntó.
La Resolución 151-09 emitida por el CNSS dispone el pago de una “Cuota Moderadora Variable: 20% del valor del servicio con tope de dos (2) salarios, cotizables”.
En virtud de ello, «los pacientes en diálisis deben pagar más de 23 mil pesos por las hemodiálisis recibidas, lo cual agrava más su difícil situación económica, que en muchos casos los lleva a hipotecar o vender sus bienes, pedir dinero a sus familiares o allegados para, medianamente sostenerse y de alguna manera sobrevivir con extremas precariedades», insistió Castillo.
Siendo la insuficiencia renal crónica una enfermedad incurable, para poder mantener una calidad de vida medianamente aceptable, el afectado incurre en «grandes gastos económicos en medicamentos, cirugías para construcción de fístulas arteriovenosas que cada día son más costosas; asistir tres veces a la semana a las salas de hemodiálisis a recibir la terapia durante cuatro horas, normalmente con un acompañante, dependiendo de su condición de salud”, relató Castillo.
Este activista lleva 19 años dependiendo de la hemodiálisis, luego de que sus riñones colapsaran.
“Hay muchas cosas que arreglar en el Sistema Dominicano de Seguridad Social que limitan la calidad de vida del paciente renal y los pacientes de todas las enfermedades de alto costo y que al final lo llevan a la muerte», dijo y entre estas identificó «la falta de cobertura de procedimientos vasculares, medicamentos para el control de la PTH, el fósforo, potasio, limitaciones en la cobertura para las analíticas previas al trasplante renal”.
Castillo, además presidente de la Coalición Dominicana de Ongs por la Defensa de la Salud (CODODSALUD), entidad que agrupa a más de 16 organizaciones de pacientes con enfermedades de alto costo y complejidad, clama por ajustes legales.
“Definitivamente, la Ley 87-01 debe modificarse ya para adecuarla a las necesidades de los afiliados y a una cobertura de procedimientos modernos y menos invasivos“, manifestó.
