La Procuraduría General de la República apresó a un grupo de 14 personas, compuesto por funcionarios, exfuncionarios y empresarios que son acusados de recibir sobornos de parte de la empresa Odebrecht, quien admitió (en diciembre pasado) ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber entregado US$92 millones en sobornos a servidores públicos e intermediarios dominicanos entre 2001 y 2014, para obtener privilegios en la abjudicación de obras del Estado.
Los detenidos fueron, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temistocles Montás, actual ministro de Industria y Comercio; Radhames Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Victor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas,
el senador Julio Cesar Valentin y el ex diputado Ruddy González.
Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM): el diputado Alfredo Pacheco; César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Andrés Bautista, presidente de ese partido, y
Roberto Rodriguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa).
Mientras que los empresarios apresados son Ángel Rondón, quien también es el representante comercial de la firma Odebrecht en el país y es la persona identificada por esa compañía como la que recibió los US$92 millones.
A parte de Rondón fueron arrestados los empresarios Conrrado Pitalúga (abogado); el
ingeniero Maximo De Oleo y Bernardo Pichardo.
Los 14 imputados fueron conducidos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el fin de semana pasado, “coincidencialmente”, se hicieron unas remodelaciones de lugar.
El caso fue instruido por el juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia.
PGR pedirá 18 meses de prisión preventiva
El procurador informó que pedirá medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva para los 14 acusados de recibir sobornos.
Según el abogado penalista Cándido Simó, lo que procede en las próximas horas es justamente hacer esa solicitud de prisión preventida de los imputados. Pero califica como un espectáculo el pedido de 18 meses de prisión preventiva que anunció Rodríguez.
“Cuando la fiscalía pide el arresto, el próximo paso es la solicitud de prisión preventiva. En este caso, creo que no hay peligro de fuga de alguno de ellos porque es obvio que esa gente sabía que los iban a arrestar y estaban en su casa esperando ese arresto. Lo que significa que no tienen intenciones de huir. Lo racional sería que le pongan un arresto domiciliario o un impedimento de salida de la ciudad”, indicó Simó.
El jurista calificó como inteligente la decisión de la Suprema Corte de Justicia al haber asignado un juez que no es de la Cámara Penal para hacer las instrucciones del caso, porque de haber asignado a otro de esa cámara lo inhabilitaría para llevar el caso.
“Entiendo que cuando el juez Ortega autorice la medida de coerción, no debe continuar con el proceso porque ese juez ya está prejuiciado. El magistrado, en cuanto dicte la medida, debe salir del proceso porque ya tomó dominio del tema”, destacó el abogado.
Renuncias y réplicas tras detenciones de los acusados
Tras ejecutadas las ódenes de arresto, Temístocles Montás puso su cargo de ministro a disposición del presidente Danilo Medina y expresó que esa “indeseable sorpresa que ataca a su honorabilidad se constituye en una perturbadora distracción que afecta su vocación de servicios, por lo que apela al presidente Medina poner a disposición el cargo que ostenta hasta que quede demostrado en la justicia que no he utilizado un cargo público para obtener ventajas, beneficios o privilegios”.
Por otro lado, el diputado y vocero del PRM, Alfredo Pacheco, informó que solicitará a la Cámara de Diputados que le sea despojada su inmunidad parlamentaria, a fin de mostrarse de frente a la justicia dominicana para comprobar su inocencia.
“No soy ladrón, no soy corrupto. Vamos a ponernos a disposición de las autoridades. En el momento que me llamen o requieran, voy a estar ahí”, aseguró.
Julio César Valentín, otro de los legisladores imputados, dijo que en sus más de 20 años de trayectoria pública ha demostrado un apego irrestricto al mandato de las leyes y normas, por lo que se considera un abanderado de la institucionalidad y la rendición de cuentas. “Estoy dispuesto a acudir a cualquier escenario a reafirmarlo”.
“Siempre he sido transparente ante mi pueblo y esta ocasión no es la excepción. Demando de las autoridades que revisen el historial de mi patrimonio y que todo se haga público. No albergo temor alguno porque la verdad siempre sale a flote y por ella lucharé”, expresó el senador tras conocer su órden de arresto.
Al concluir su comunicado, pidió que tengan la seguridad de que “cualquier escrutinio ceñido a la verdad los hechos tendrá un solo resultado: No tengo ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht ni de ninguna empresa”.
