El director de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) calificó como un “sofisma” el anuncio hecho ayer por el administrador de Punta Catalina, de que el Estado tiene una deuda en ese proyecto de mil 750 millones de dólares, que tendrá que ser asumida por el inversionista que adquiera el 50% de sus acciones.
Para el ingeniero Antonio Almonte la declaración del economista Jaime Aristy Escuder es un invento en el marco de la estrategia de venta de la central eléctrica.
“Eso es un sofisma porque el Estado no debe mil setecientos cincuenta millones de dólares. Nadie debe ahora mismo mil setecientos millones de dólares”, precisó.
Almonte sostuvo que los mil 750 millones de dólares que cita Aristy Escuder como deuda, es la que tendría la nueva empresa Punca Catalina si el Estado vende la central, pero que no es una deuda que existe.
“Esa deuda es un invento dentro de la ingeniería financiera para vender a Punta Catalina”, dijo Almonte para señalar que cerca del 70% de la inversión en Punta Catalina proviene del Presupuesto Nacional.
El dirigente del PRM citó como una deuda contraída para la construcción de Punta Catalina unos 600 millones de dólares en bonos soberanos y otra de 361 millones de dólares contraída con un pool de un banco europeo que la está pagando y otra con el Banco de Reservas que la está pagando.
“Las deudas contraídas para Punta Catalina están establecidas, tienen garantía soberana, tienen una tasa de interés baja y se están pagando. El Estado tiene una deuda, pero no la deuda que él (Aristy Escuder) se refiere”, afirmó.
El ingeniero Almonte cree que dicha deuda rondará entre el 30 o 35% del costo de la central eléctrica, integrada por dos unidades que generan a carbón mineral.
Sin embargo, reconoció que la empresa que adquiera a Punta Catalina tiene que asumir la deuda que se contrajo para su construcción.
Entrevistado esta mañana en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, el director de la Comisión de Energía del PRM consideró que el administrador de Punta Catalina lo que está planteando es un contrato tipo Cogentrix licitado en 1990, el cual fue letal para el país, obligando al Estado a pagar 50 millones de dólares anuales solo por capacidad instalada, estuviera funcionando o no.
“Porque cuando él dice que el inversionista primado tomará esa deuda de mil 750 millones de dólares que le prestarán en el mercado internacional, había que preguntarse en base a qué la banca internacional le va a prestar a un inversionista para invertirlo en planta a carbón; de la única manera que eso se hace es con un contrato de compra y venta de energía con una garantía soberana del Estado aprobado por el Congreso”, analizó.
