La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sostuvo este jueves que es necesaria una reestructuración profunda de la Administración Pública en el país, a los fines de que la actual configuración del Estado se ajuste estrictamente al mandato constitucional y evite dualidades funcionales y organizacionales de determinadas instituciones públicas.
Desde hace varios años, hemos sostenido la importancia de eficientizar las actuaciones de los estamentos estatales, sostuvo en un comunicado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
“Tal como hemos dicho, no puede ser posible que se continúen creando instituciones que desvirtúen o sustituyan las atribuciones de otros entes públicos. Esta situación no se adhiere al principio de racionalidad y legalidad e inobserva principios fundamentales de nuestra Constitución”, agregó.
En ese sentido, FINJUS respalda que todos los sectores sociales de la nación se aboquen a un amplio diálogo, a los fines de generar consensos respecto al contenido del proyecto de ley de reorganización de la Administración Pública, el cual se encuentra depositado en el Congreso desde el año 2017.
“Si bien es cierto que el proyecto introduce importantes modificaciones en la estructura interna del Estado, ante la coyuntura actual dichas reformas deben ser consensuadas ampliamente y respaldadas por la ley, el orden constitucional y la ciudadanía”, dijo la entidad.
Citando a la experta Sonia Fleury, FINJUS sostiene que “la reforma del Estado, entonces, no puede ser vista como una mera alteración del organigrama del gobierno –caso en que, a lo mejor, no pasaría de una modernización administrativa– pero sí como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes económicos, políticos y administrativos.”
De manera que, la participación plural de actores sociales resulta necesaria de cara a realizar una reforma que fortalezca y consolide el actual aparato administrativo del país.
“Desde FINJUS, confiamos en que la interacción Estado-sociedad podrá generar el respaldo necesario para reestructurar la Administración Pública de manera consciente, organizada y sostenible, es decir, apegados a los principios de racionalidad”, agregó la institución.
El Estado dominicano requiere de reformas profundas apegadas a la Constitución y que puedan eficientizar el servicio público, apegado a normas jurídicas claras e impidiendo distorsiones que hagan prevalecer el actual funcionamiento de diversas instituciones que lesionan la legalidad, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática del país.
