Con la promesa de simplemente decir todo lo que sabe sobre la muerte de la joven embarazada Emely Peguero, el imputado Bolívar Núñez Almánzar (El Boli) se libró de una condena de 30 ó 20 años de cárcel mediante el acuerdo que firmó con el Ministerio Público, convenio que la defensa de la acusada Marlin Martínez anunció que impugnará en las próximas horas por ser violatorio al derecho de defensa de la acusada.
“El acuerdo es impugnable por la vía de la nulidad y vamos a hacerlo, a pedir la nulidad en el escenario que fuere hasta llegar al Tribunal Constitucional, porque ellos hicieron ese acuerdo a espaldas de Marlin Martínez y lo están poniendo como un simple testigo liberándolo así de una condena de 20 ó 30 años de cárcel”, declaró Simón.
Sostuvo que con el acuerdo se viola el Código Procesal Penal, en la parte que establece la obligatoriedad de presentar al acusado las pruebas colectadas en su contra y todo lo concerniente al proceso. De acuerdo a Simón, todo esto se violó con el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Núñez Almánzar (El Boli), en vista de que la defensa de Martínez ni siquiera fue convocada a la audiencia donde la jueza homologó el citado acuerdo.
Como parte del acuerdo, el Ministerio Público desistió de someter a la Justicia a Núñez Almánzar (El Boli), a quien Marlin Martínez le habría pagado $100,000 para desaparecer el cadáver de la adolescente embarazada, porque cooperará con la investigación y será utilizado como testigo en el caso.
La Fiscalía de San Francisco de Macorís desistió ayer ante el Primer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción de la acción penal contra dicho imputado y aplicó el criterio de oportunidad establecido en el Código Procesal Penal, por lo que la jueza Isolina Contreras Peralta dispuso su libertad y el cese de toda medida de coerción.
La Procuraduría General de la República informó que Ureña Almánzar, quien se presume participó en el ocultamiento del cadáver de la joven de 16 años, “posee información relevante que permitirá fortalecer el caso y lograr condenas”, contra Marlin y su hijo Marlon Martínez.
Para desistir del proceso, la Procuraduría y el imputado llegaron a un acuerdo que fue homologado por la jueza Isolina Contreras, basado en el artículo 370 numeral 6 que establece el criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación o proporciona información útil para probar la participación de otros imputados.
El órgano investigador y persecutor afirmó que todas las partes querellantes estuvieron de acuerdo con esta estrategia y “que el imputado se comprometió a colaborar con la investigación, brindar información para evitar la actividad criminal, ayudar a esclarecer el hecho investigado u otros conexos”.
