El Ministerio de Obras Públicas negó hoy que esté violando una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) con la continuación de los trabajos de construcción de la Terminal Interurbana de Autobuses del Este en las inmediaciones del Parque del Este, en el municipio Santo Domingo Este.
El organismo oficial dijo que la sentencia del TC 0553-19, del 10 de diciembre de 2019, confirma la emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el primero de octubre de 2018, que dispuso la suspensión provisional de la obra hasta tanto esa institución presentara los permisos correspondientes.
Obras Públicas dijo que cumplió con los mandatos de la sentencia del TSA y presentó el estudio de impacto ambiental de la obra, registrado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el código F13-175.
Manifestó que presentó la habilitación ambiental 003123, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 7 de septiembre de 2018 y el permiso de uso de suelo de la obra, expedido por Concejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este mediante resolución número 48-18, del 13 de diciembre de 2018.
Dijo que la sentencia del TSA dejaba implícita la reanudación de la obra para cuando se cumplieran los requisitos solicitados.
Precisó que el tercer dispositivo de la sentencia del TSA dispone que “se mantenga la paralización de la obra hasta tanto se cumpla con los requisitos precedentes y de ser favorables puedan continuar la construcción de la misma”.
Obras Públicas fijó su posición sobre el tema en un comunicado publicado a página completa en todos los diarios nacionales.
“El Ministerio de Obras Públicas también dio cabal cumplimiento a la sentencia TC0553-19, emitida por el Tribunal Constitucional el 10 de diciembre de 2019, ya que la misma se circunscribió a confirmar lo decidido por la sentencia dictada por el TSA, el primero de octubre de 2018”, expresa el comunicado.
La decisión del TC responde a sendos recursos de revisión de la sentencia del TSA interpuestos por los representantes de las entidades que se oponen a la obra y los auspiciadores de la misma.
Los primeros, representados por Manuel Jiménez, Héctor Ferreras, Gregorio Ortega, Leonidas Calderón y Claudio A. Caamaño.
Los segundos por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Ministerio de Obras Públicas.
