El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue sometido ante la Procuraduría General de la República, acusado de prevaricación, desfalco, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, por el representante del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo.
Dijo que la denuncia querella sería depositada además de la Procuraduría en el Senado de la República, Cámara de Diputados, y Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
El representante del Poder Judicial estuvo acompañado por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, Roberto Galán, Moisés Jacques, Luis Manuel, Ángel Pérez y Virginia Galán, quien pidió al presidente Luis Abinader que convoque de inmediato el Consejo del Poder Judicial, porque la Justicia está siendo destruida.
El magistrado Recio Tineo expresó que el presidente de la Suprema Corte busca desmantelar todos los organismos para gobernar con un poder absoluto y de forma dictatorial.
Dijo que estas acciones son inconstitucionales y llegan al extremo de apoderar de todos los casos de envergadura a los jueces políticos que no corresponden a la Carrera del Poder Judicial para que les resuelvan sus problemas.
El magistrado Recio Tineo expresó que el presidente de la Suprema Corte se hace acompañar de siete personas donde quiera que es designado y que están recibiendo salarios entre los 200 a 400 mil pesos en el Poder Judicial.
“A pesar de que los jueces que más cobran reciben 184 mil pesos, lo que significa que tienen salarios superiores los jueces de carrera, lo que esta creando un malestar general en la Justicia”.
Dijo que en las reuniones del Consejo del Poder Judicial se imponen las propuestas de Henry Molina.
Dijo que otra de las acusaciones contra el presidente de la Suprema Corte son haber realizado desvinculaciones masivas de empleados del Poder Judicial, con mas de 30 años de servicio, entre ellos registradores de títulos.
Informó que los tribunales están cerrados desde que comenzó la pandemia del coronavirus, a pesar de que el Estado de excepción fue levantado. Dijo que otra falta es que el escalafón está detenido desde que Molina llegó a la Suprema Corte con 30 o 40 plazas vacías, entre ellas una Corte de Apelación Laboral en Santiago, con un solo miembro y del Tribunal Superior Administrativo fueron sacados todos los abogados ayudantes. Ante esta realidad el Estado ha dejado de recibir más de 170 millones de pesos.
Surun afirmó que las declaraciones del juez Recio Tineo confirman la denuncia que el venia haciendo.
