Tribunal rechaza solicitud de extinción hecha por Héctor Rodriguez Pimentel acusado de malversar mas de 1.5 MIL MILLONES

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó un pedimento de extinción del proceso penal que enfrenta el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel, y otras seis personas acusadas de malversar RD$1,500 millones y US$ 56,479,038.41 de esa institución.

La defensa de los imputados había solicitado la extinción del proceso, bajo el alegato de que el mismo había excedido la duración que consigna el Código Procesal para el proceso penal, que es de tres años, el cual se inició antes del 2015 pero el tribunal entendió que dicho plazo no ha sido excedido.

Además de Rodríguez Pimentel enfrentan juicio de fondo Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye al grupo la violación del Código Penal Dominicano, que sanciona la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa.

De igual manera, el Ministerio Público le atribuye la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

El primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional había enviado a juicio de fondo en septiembre del pasado año a los encartados.

El la fase de instrucción, hubo más de 25 reenvíos por los múltiples incidentes presentados por la defensa de los acusados, los cuales muchas veces lograron que fueran acogidos, a pesar de la oposición permanente del Ministerio Público a cargo.

Están acusados de violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que sancionan la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa.

Se les imputa violar el artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

El Ministerio Público afirma que hay pruebas suficientes para asegurar condenas.

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