Los opositores Partido Revolucionario Moderno (PRM) y La Fuerza del Pueblo (LFP) crearon una comisión secreta conformada por connotados juristas especialistas en materia penal para la estructuración de un grueso expediente con el que seria sometido a la justicia dominicana el presidente Danilo Medina y sus funcionarios corruptos, según una fuente altamente fidedigna que suministró la información al periódico digital Loquesucede.
La construcción de este expediente penal que estaría siendo encabezado por una oficina jurídica perteneciente a una familia muy reconocida del país, la cual inclusive preside un partido político, involucraría la recopilación de miles de pruebas documentales y declaraciones testimoniales que le darían un enorme soporte a las imputaciones penales que se formularan, las cuales conllevan penas de hasta 20 años de prisión.
Estas investigaciones que cuando sean reveladas a la nación en su momento es muy posible que provoquen un maremoto de impredecibles consecuencias, estarían contando con la colaboración de los servicios de inteligencia que tienen apostados en el país varios de los cuerpos diplomáticos que representan a las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El ex presidente Leonel Fernandez, quien habría sido el ideólogo de esta comisión secreta, estaría altamente convencido de la necesidad de «sacar de circulación» a Danilo Medina no solo como figura política de peso sino como estructura de poder apostada en los principales estamentos de poder en la República Dominicana.
Para la consecución de estos planes, el ex presidente planteo a su equipo político la urgencia inmediata de que «La Fuerza del Pueblo» y las pequeñas fuerzas políticas periféricas que giran a su alrededor procuraran concretar un gran acuerdo político con la principal fuerza opositora PRM, mediante el cual tratarían de desplazar del Congreso Nacional la mayoría mecánica que actualmente dispone el oficialista PLD. Con este desplazamiento, cuando corresponda nuevamente convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, el ex presidente Fernandez y el PRM procurarían desmontar de las Altas Cortes a los jueces danilistas que en el futuro les pudiesen garantizar impunidad a quienes muy posiblemente a partir de mayo 2020 sean ex funcionarios públicos.
