Para todo el país es una sorpresa que la Cámara del Senado de la República Dominicana haya aprobado en segunda lectura el 30 de abril del 2014 un proyecto de ley con el que se pretende privatizar la biodiversidad de esta media isla, cuyo patrimonio genético es propiedad pública de todos/as las/os dominicanos/as. Este atesorado y bien armado proyecto de ley fue sometido por el senador ingeniero Amílcar Romero, quien en otrora fuera ministro de Agricultura.
Este proyecto titulado Ley Nacional de Semillas, dice que para el bienestar de las familias campesinas, el desarrollo rural, fomentar la investigación, transferencia de tecnología, incrementar y garantizar la supuesta seguridad alimentarias y demás hierbas aromáticas se hace necesaria la privatización. El Estado Dominicano de mano de sus amables y gentiles funcionarios de la corte celestial del imperio morado proponen sin consultas previas, ni discusiones con los/as ciudadanos/as crear “una Oficina Nacional de Semillas (ONASE), como organismo rector del sistema nacional de semillas y responsable del diseño e implementación de la política nacional de semillas”. Esta oficina controlaría, certificaría y comercializaría, nuestro patrimonio genético.
De privatizarse la semilla, se crearían los mecanismos de expropiación de dicho patrimonio y está caería en las manos amigables de unos funcionarios sinvergüenzas y corruptos y otros petulantes dedicados al comercio de la vida que por estos lares hay numerosos.
En nuestra bendecida tierra de agua, miel y leche se conoce muy bien que desde hace unos años empresas semilleras y capitales transnacionales, como Monsanto, por ejemplo, están interesados en el control de las semillas y la agricultura en el mundo. Hoy no es desconocido para nadie que la industria de los alimentos han agredidos a los campesinos y campesinas, robando sus semillas, que por siglos han manejado, comercializado y trabajado duramente. ¿Y qué repercusiones tendría esto?
De privatizarse la semilla, se crearían los mecanismos de expropiación de dicho patrimonio y está caería en las manos amigables de unos funcionarios sinvergüenzas y corruptos y otros petulantes dedicados al comercio de la vida que por estos lares hay numerosos. Ciertas empresas por supuesto, institutos de investigaciones y usureros del mal (transnacionales) certificarían las semillas y las anunciarán como descubrimientos, entiéndase apoyado por una alta tecnología para luego regístralas como propias. De ahí que pasará a manos de unos pocos, expropiando el patrimonio público.
Una vez que las semillas estén privatizadas, las familias campesinas o cualquier hortelano urbano tendrán dificultades para reproducirlas y se verán obligados a comprarla a las empresas semilleras.
Imagino que aparecerá un nuevo pecado público, “ladrones de semillas”, que en el discurso erótico será un banquete sensual que en tiempo de incomprensión textual y mitos fundado por el logo erótico del Estado morado que se sostiene bajo el orden bíblico, inaugurará una nueva intelección represiva.
De aprobarse está ley, las transnacionales de los transgénicos harán sus fiestas y llevarán al paroxismo arrebatador a los celestes e inmaculados funcionarios públicos del gobierno de Danilo Medina, por los múltiples orgasmos que le vendrán por los nuevos capitales. Se inaugurará “la cogedera de semillas”, por nuevos chelitos que llenaran los agrandados bolsillos de las pantaletas de dichos funcionarios. En fin, el engranaje de estos nuevos capitales por la privatización de las semillas, generará un nuevo diálogo en el discurso popular y estatal que muy bien se enmarca en el desfase ya crónico del objeto y el discurso que caracteriza la forma de gobernar de los paladines morados.
