Artículo de opinión publicado por el politólogo Jose Carlos Nazario
La “ley Faride” o el marketing legislativo
El PRM, como casi toda la herencia perredeista, muestra una debilidad fundamental: una aparente fobia al conocimiento, al estudio del Estado y de las políticas públicas como cursos de acción de las instituciones estatales. Esto ha marcado en parte el ritmo de su devenir en el tiempo. Y muy probablemente sea la incapacidad de mostrar equipos preparados para gobernar lo que hace que la sociedad dominicana no termine de depositar su confianza ellos. Esta tara parece ser fundamentada en el discurso de odio a los “teóricos” en las filas de dicho partido. Muchos de ellos olvidan que las decisiones públicas se dan en un entramado sistémico y que no son simples decisiones, sino que responden a la confluencia de varias ramas del conocimiento de la cosa pública.
Algo de esa teoricofobia destila en la recién presentada propuesta de “Ley de Reorganización de la Administración Pública” en la que Faride Raful propone con extremo facilismo una reorganización de la administración estatal “para reducir el gasto”. Extiende el demérito del conocimiento de sus compañeros partidarios y lo convierte en iniciativa legislativa, porque fundamenta la falta de criterio y conocimiento del funcionamiento de las instituciones y del Estado como entramado, para proponer un “tente ahí” legislativo. Quizá movida por el sentido de oportunidad, Faride quiere aprovechar el pico perceptivo en materia de corrupción para colocarse en la cresta de la opinión pública. No lo juzgo. Lo hace, sin embargo, muy lejos de los cuantiosos antecedentes nacionales (Raymundo Amaro y Tirso Mejía Ricart incluidos) y extranjeros en materia de mejora de la administración pública y su funcionamiento.
Desde 2012 en nuestro país se ha eliminado, trasladado y fusionado una buena cantidad de instituciones que cumplieron su cometido. Solo en el sector salud se han reducido más de mil setecientas áreas que prestaban funciones ineficientes. Bajo la dirección de un equipo de técnicos y el empuje del Ministerio de la Presidencia, una gran cantidad de instituciones ha sido reducida. No son simples recortes. Y es que al parecer en las distintas leyes que debió revisar antes de proponer eliminación, fusión y traslado de instituciones, Faride o sus asesores con prisa, no vieron la finalidad misma del Estado dominicano. No comprendieron la naturaleza de resolución de conflictos e intereses que representa de manera concreta y no tan concreta el Estado y las políticas públicas. Tampoco la finalidad estatal trazada por la Constitución y para con la sociedad.
Así, la propuesta de ley busca que instituciones que son espacios de discusión y acuerdo sobre la dirección de las políticas pasen a ser parte de otros organismos que son actores directos en las mismas decisiones. Es como decir que para ahorrar, un tribunal, donde se resuelve un conflicto, pase a ser parte de la oficina de abogados de uno de los implicados. Así sucede en su propuesta de reubicación de instituciones relativas al fomento agropecuario, vivienda, políticas sociales, medio ambiente, competitividad, tierras, entre otros.
Disolver, traspasar, fusionar es más fácil que determinar una verdadera reforma de lo público, que de manera integral enfrente las grandes fallas del sistema rentista-clientelar. Un sistema que encuentra su razón de ser en la herencia cultural y material del Estado benefactor que nos legara la tradición histórica y sus privilegios.
Y es que mientras el Estado no pueda ofrecer en servicios de calidad lo que la mayor parte de la sociedad espera como dádivas o prebendas, el juego de la corrupción y el gasto con motivaciones políticas esta trancado. No hay ahorro posible mientras no se toquen los grandes cotos sanguijuela. Esos que Faride no menciona en su propuesta de ley y que sin embargo, las plantas que ella tanto ha criticado reorientan para bien. Y es que, como decía Juan Bosch “es más importante lo que no se ve”.
La transparencia y el control del gasto pasan necesariamente por una reorientación de nuestra cultura fiscal hacia lo progresivo y por la importancia de las estadísticas como mecanismo de diseño, construcción y revisión de las políticas públicas. Pasa además por entender los mecanismos fiscales y presupuestales como operadores para el incentivo o disuasión de ciertas prácticas económicas que distorsionan la acción pública y privada. Faride sabe bien de qué hablamos aunque la premura llame a anotar un gol sin pensar que el juego es algo más que meter la pelota en la portería. Sus compañeros de partido, con excepciones, obvian que hay que leer mas y hablar menos de lo que no se sabe. Pero es más fácil calificar de teórico, o descalificar, a quien invita a comprender el problema antes de buscar solucionarlo.
