Latinoamérica debe aumentar los esfuerzos de prevención para combatir la elevada criminalidad en la región, la más alta del mundo y que incluye a ocho países entre los diez más violentos, indicó este martes un estudio del Banco Mundial (BM).
«La región necesita construir un tejido social más inclusivo y con mayor igualdad de oportunidades, así como implementar políticas de prevención que hayan funcionado en disminuir la violencia, tales como la reducción de las tasas de deserción escolar y el aumento de empleo juvenil de calidad», afirmó Jorge Familiar, vicepresidente del BM para América Latina, en la presentación del reporte reseñado por EFE.
El informe, titulado «Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta», recalca que la violencia sigue siendo un reto importante, a pesar de los logros económicos y sociales experimentados por la región durante la última década.
Los datos subrayan la magnitud del problema: ocho de los diez países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y agrupa a 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo, entre las que figuran San Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El Salvador), Caracas y Acapulco (México).
En concreto, el reporte señala que «cada 15 minutos, al menos cuatro personas son víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe».
Laura Chioda, economista del BM y autora del estudio, recalcó que la inseguridad es un fenómeno «complejo» en el que confluyen factores como el tráfico de drogas y el crimen organizado; los débiles sistemas judiciales que fomentan la impunidad, y la falta de oportunidades y de apoyo para jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas.
Para contrarrestar esta tendencia, el organismo apunta la eficacia de «una serie de políticas no específicamente diseñadas para prevenir la delincuencia que tienen beneficios sustanciales de prevención del crimen (por ejemplo, programas de desarrollo de la primera infancia, educativos y de reducción de la pobreza)».
Subraya, además, que el éxito de «estas políticas preventivas depende en gran medida de la capacidad institucional para implementarlas», por lo que es fundamental que la policía o el sistema judicial generen respeto entre los ciudadanos.
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