El presidente Donald Trump despidió a la fiscal general Sally Yates el lunes por la noche, unas horas después de que Yates, demócrata, ordenara a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran la controvertida prohibición ejecutiva de inmigración y refugiados de Trump.
Yates declaró el lunes que no estaba convencida de que la orden fuera lícita.
Trump reemplazó el lunes a Yates con Dana Boente, abogada estadounidense por el Distrito Este de Virginia.
En una carta de la Casa Blanca, la administración dijo: “Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir un orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos. … La Sra. Yates es una funcionaria de la Administración de Obama que es débil en las fronteras y muy débil en la inmigración ilegal. Es hora de tomar en serio la protección de nuestro país”.
La directiva de Yates era probable que fuera temporal, dado que el senador Jeff Sessions, la selección de Trump para el fiscal general, probablemente se moverá para defender la política del presidente. Las sesiones están a la espera de la confirmación del Senado.
El Senador de Tennessee, Bob Corker, el máximo republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que a pesar de las declaraciones de la Casa Blanca de que se consultó a los líderes del Congreso, él se enteró de la orden a través de los medios de comunicación.
Las consecuencias fueron inmediatas: la fricción entre Trump y sus principales asesores y una prisa por parte del Pentágono por buscar exenciones a la política. El enfoque de la Casa Blanca también provocó un enfrentamiento inusualmente público entre un presidente y los funcionarios encargados de llevar a cabo su política.
Un gran grupo de diplomáticos estadounidenses distribuyó un memorando expresando su oposición a la orden, que interrumpió temporalmente todo el programa de refugiados de Estados Unidos y prohibió todas las entradas de siete naciones de mayoría musulmana durante 90 días. En una sorprendente respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, desafió a los que se oponían a la medida a renunciar.
«Ellos deberían o bien estar con el programa o pueden irse», dijo Spicer.
Mattis, que estuvo de pie junto a Trump durante la ceremonia de la firma de la orden el viernes, se dice que está particularmente enojado. Un alto funcionario del gobierno dijo que Mattis, junto con el jefe del Estado Mayor conjunto, Joseph Dunford, conocía el concepto general de la orden de Trump pero no los detalles. Tillerson ha dicho a los asesores políticos del presidente que estaba desconcertado por no haber sido consultado sobre el contenido de la orden.
La orden de Trump pone en pausa todo el programa de refugiados de Estados Unidos durante cuatro meses y prohíbe indefinidamente a todos aquellos que vienen de la devastada Siria. Los críticos cuestionan la afirmación del presidente de que la política es necesaria para mantener a los estadounidenses a salvo, señalando que los recientes actos de violencia extremista han sido llevados a cabo tanto por ciudadanos estadounidenses como por individuos cuyas familias no eran de las naciones seleccionadas en la orden.
