Según la Oficina Nacional de Estadísticas el 67.4% de los empleados que cotizan en la Seguridad Social gana menos de 15 mil pesos al mes. Ahora bien, si se habla de ciudadanos que ganan por debajo de los RD$25 mil, entonces este porciento aumentaría a más del 85% de la población que trabaja en el sector formal.
De lo anterior se puede deducir que 7 de cada 10 dominicanos gana por debajo de 15 mil pesos y 8.5 de cada 10 (del sector formal) tiene un sueldo entre 15 y 25 mil pesos.
Si este grupo de dominicanos “que tienen trabajos formales” deciden ir al banco y optar por un préstamo hipotecario, lo más probable es que no califiquen y su solicitud no sea aprobada por la entidad financiera, debido al poco ingreso que reciben por su desempeño laboral, ya que es insuficiente para darse el lujo de tener una casa.
En el caso de si es un empleado informal, los resultados serían aún menos positivos, pues los chiriperos, saloneras, barberos, choferes de conchos y otros que trabajan no tienen las más mínimas posibilidades de recibir un préstamo hipotecario, a no ser que el negocio al que se dedica sea lo suficientemente rentable como para pasar los estándares mínimos para recibir un crédio de ese tipo.
Jenny Torres, la coordinadora de Cambios en políticas públicas de la organización Ciudad Alternativa, explica que las ofertas de vivienda que existen actualmente son muy reducidas para un diminuto grupo de la sociedad que gana por encima de los RD$50,000.
“Hay una oferta de vivienda que no es parte de una política integral para disminuir el déficit, sino que se centra en sectores que están dentro del mercado laboral y ganan de un monto en adelante, dejando a la población informal sin acceso a una vivienda digna, e incluso a la población que estando dentro del mercado laboral gana menos de cierta cantidad de dinero”, señaló.
“Se invierte en vivienda solo en períodos electorales”
A juicio de la especialista de la organización Ciudad Alternativa, en el país hay una tendencia de que solo se hacen grandes inversiones en el sector vivienda cuando se acercan los periodos electorales, o en situaciones específicas como desastres naturales y otros.
“Según los estudios que hemos realizado, en los últimos 20 años no ha habido un gobierno que se comprometa realmente a solucionar el tema del derecho a la vivienda en el país. Y desafortunadamente la inversión en techos está muy amarrada a los años electorales o a situaciones concretas”, detalló Jenny Torres.
La especialista comenta que a esta situación se suma el hecho de que las políticas de vivienda solo se concentran en las dos grandes ciudades del país, cuando en otras provincias el índice de déficit habitacional experimenta cifras exorbitantes.
“Podemos citar por ejemplo a Elías Piña que tiene más del 75% de sus casas con déficit de vivienda, sin embargo, los proyectos más sonoros son aquellos que se contruyen en Santiago y Santo Domingo como incluso ha ocurrido en los últimos años con la Ciudad Juan Bosch, La Nueva Barquita y otros”, especificó Torres.
Esas soluciones habitacionales como La Barquita aportan una disminución del déficit para unas 1,200 y 1.300 familias, pero el total de los que viven en esa situación es de un millón 800 mil personas y los millones que aumenta cada año, por lo que no representan un plan integral para impactar el déficit de vivienda.
“Y ahora se anuncia el nuevo proyecto Domingo Sabio en Santo Domingo, una solución puntual, pero vuelve a ser una acción en un área donde hay más votantes o donde se ven más los recursos para una minoría”, agregó.
Con un 1% del presupuesto se soluciona el déficit
Una de las soluciones que promueven Ciudad Alternativa y otras organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda de los dominicanos, es la asignación del 1% del presupuesto del Estado por un período de 10 años para garantizar el derecho a la vivienda.
Con la inversión, según Jenny Torres, no se busca que los gobiernos apliquen una práctica asistencialista ni regalen las viviendas, sino que se les den las condiciones a los ciudadanos para con sus ingresos poder vivir en una casa digna.
“El estado debe buscar soluciones a esa población que trabajando dentro o fuera del sector formal no tiene acceso al crédito para tener una casa. Más que ofertas y soluciones temporales, se necesita una política integral de vivienda real”, concluyó Jenny Torres.
