SANTO DOMINGO.- El comunicador y abogado Leonardo Jáquez mostró su preocupación por los últimos acontecimientos que se han visto en la República Dominicana, en materia económica, política y social, los cuales considera responden a un plan conspirativo de sectores que procuran lo peor para el país.
En ese sentido, Jáquez señaló cómo la oposición política ha procurado desfigurar la imagen de demócrata a carta cabal que tiene el presidente Abinader en el imaginario de la gente, utilizando la aprobación de la ley crea el DNI para proyectar idea de que gobierno no cree en el respeto a los derechos fundamentales de la gente y la libertad de expresión del pensamiento.
Mediante un comunicado de prensa, recordó que la aprobación de dicha ley contó con apoyo del senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien fue quien presidió la comisión que lanzó el proyecto al hemiciclo para que fuese aprobado por la mayoría necesaria, y luego en la Cámara de Diputados los congresistas de la oposición, incluyendo los de la Fuerza del Pueblo, procedieron también con la aprobación del proyecto.
Dijo que resulta engañoso y sospechoso que ahora la misma oposición política que apoyó el proyecto en el Congreso Nacional lo bombardee alegando que conculcaría derechos fundamentales, e inclusive, sometiendo recursos de inconstitucionalidad ante el TC para invalidar dicha ley.
Consideró que esto evidentemente forma parte de un plan con el que la oposición insiste en debilitar y desacreditar al gobierno, a pesar de que este es uno de los más democráticos de nuestra historia, lo cual ha sido, inclusive, avalado por informes independientes como el de Reporteros Sin Fronteras y el Índice de Chapultepec que mide las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa en 22 países, en donde la República Dominicana aparece como uno de los países de la región y el mundo donde mas se respetan los derechos de la gente, los comunicadores y los periodistas.
Por otro lado, el comunicador criticó que la oposición política insista en bombardear la credibilidad de «las efectivas» políticas económicas y monetarias del gobierno que han permitido tener una estabilidad en la tasa del dólar como pocas veces se ha había visto en la historia reciente.
“La tasa del dólar en agosto del 2020 estaba en 58.30 y casi cuatro años después fue que superó el 59 x 1, lo que muestra que está siendo controlada por el gobierno, no como plantean algunos de que gobierno perdió el control y de que esta pudiese continuar ruta al alza», dijo.
De igual modo, cuestionó la forma en que la oposición ha procurado politizar tema del apresamiento del doctor Wazar Gómez en San José de Ocoa por parte de agentes de la policía nacional.
“Fíjate que luego del presidente Abinader enterarse del apresamiento del doctor ordenó su inmediata puesta en libertad, lo que demuestra que apresamiento no fue por órdenes del poder político”, dijo.
Por consiguiente, planteó que dicho apresamiento es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, un cuerpo de seguridad ciudadana que a su entender aun alberga en su espíritu y modus operandis prácticas y acciones vejatorias propias de las dictaduras, lo cual con reforma que gobierno implementa procura desterrar, para convertir la PN en un cuerpo moderno, respetuoso y garantista de los derechos de la gente.
Asimismo, Jáquez recordó que el doctor Wazar Gómez fue apresado en varias ocasiones en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina y que incluso fue golpeado y amenazado asesinar, como él mismo lo denunció en varias ocasiones. En ese sentido, advirtió al presidente Abinader y su gobierno sobre la necesidad de proteger al doctor Gómez ante la posibilidad de que sectores siniestros del país intenten agredirlo o eliminarlo físicamente para responsabilizar de esto al gobierno y generar en la opinión pública y en el país un ambiente de temor, miedo e indignación.
En ese mismo orden de ideas, en el plano electoral, Jáquez pidió al gobierno y a la Junta Central Electoral incrementar los mecanismos de protección y supervisión de los procesos electorales que habrán de suscitarse en febrero y mayo de este año ante la posibilidad de que sectores que consideran no tendrían resultados favorables a sus pretensiones de retornar al poder en el país, intenten boicotearlo alterando la tranquilidad y afectando la confianza de la gente en los trabajos que realiza el máximo órgano electoral.
