El alcalde de Santiago y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, calificó de inaceptable las supuestas pretensiones del Gobierno de poner en marcha un plan complaciente con sectores empresariales para la regularización de toda mano de obra haitiana, al margen de los protocolos y mandatos establecidos en la Ley General de Migración Núm. 285-04 y su Reglamento de Aplicación Núm. 631-11.
A través de un comunicado enviado por la oficina de prensa de Martínez, calificó dichas pretensiones como “una clara demostración del estrepitoso fracaso del Gobierno en sus políticas de seguridad fronteriza y control migratorio”.
Denunció que el sector privado ha iniciado una carnetización ilegal de trabajadores no regulados, similar al impulsado en otros tiempos por el padre Regino Martínez a través de la Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeset (Asomilin).
“Como prueba, el también aspirante a la nominación presidencial por el PLD, presentó la imagen de un carné expedido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAC) mediante el cual se le otorga documentación a un ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana, cuya presencia en el país es ostensiblemente ilegal al no presentar número de pasaporte y en el que se hace constar la persona o empresa a la cual pertenece”, indica la nota de prensa.
Martínez Durán expresó que dicha actividad, no solo implica un acto ilegal en el cual se suplantan abusivamente las facultades del Estado, sino que además, lo más grave resulta ser que esa práctica está siendo autorizada por el propio gobierno, que a través del Director General de Migración, ha expresado que se apresta a iniciar un proceso de regularización de toda la mano de obra extranjera haitiana en el territorio nacional.
Advirtió tanto al Gobierno como a los sectores empresariales que todo aquel que se involucre en ese proceso incurrirá en prevaricación y que, cualquier estatus derivado de un plan de regularización implementado administrativamente resultará inconstitucional, ilegal, inmoral, antiético y atentatorio a la seguridad nacional.
Instó al gobierno a comprender que gobernar no es complacer a los intereses, sino, hacerlo sobre la indiscutible premisa de que todos debemos sujetarnos a la ley, cosa que el gobierno suele olvidar cuando se trata de satisfacer las demandas de sectores de la cúpula empresarial.
