WASHINGTON.- Un grupo de congresistas norteamericanos ha pedido al presidente Donald Trump que utilice su autoridad bajo la ley Magnitsky para aplicar sanciones por la supuesta participación en actos de corrupción y crimen organizado de Remigio Angel González, conocido como El Fantasma por los escándalos en que se ha visto envuelto ante el cuestionamiento por la forma en que opera sus negocios con plantas televisoras en el continente.
González, de nacionalidad mexicana y actual operador de la televisora Antena Latina en la República Dominicana, es señalado con esa doble imputación en una lista elaboradas por los legisladores estadounidenses que abarca por los mismos ilícitos a otras cinco personas de diferentes nacionalidades.
La “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos” es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.
En el caso particular de González, cuya esposa Alba Elvira Lorenzana es perseguida por la Interpol por multimillonario lavado de activos en Nicaragua, los congresistas dicen en un documento que los delitos que se atribuyen a “El Fantasma” fueron cometidos también en esa nación centroamericana.
La comunicación, que se refiere a la comisión de actos de corrupción y de crimen organizado en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, fue enviada por los representantes Eliot L. Engel, el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; Ileana Ros-Lehtinen, presidenta emérita del Comité; Albio Sires, el miembro del Subcomité de la Cámara de Representantes del Hemisferio Occidental, David Valadao, copresidente Republicano del comité para América Central, y Norma Torres, también perteneciente a esa unidad legislativa.
Específicamente, en la carta se recomienda que los Departamentos de Estado y Hacienda determinen si las seis personas señaladas cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky. Además de González, el documento señala a José Aquiles Enrique Rais López; José Luis Merino; Gustavo Adolfo Alejos Cambara; Luis Alberto Mendizábal Barrutia y Oscar Ramón Nájera.
La sección 1263 de la Ley Magnitsky dispone la presentación de informes al Congreso de EE.UU. con actualizaciones relevantes de la lista de personas y entidades señaladas, así como las respuestas a las solicitudes del Congreso de investigaciones y la aplicación de sanciones específicas de conformidad con la ley.
En su carta a Trump, los congresistas dicen que “a medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región en América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen los criterios para rendir cuentas” bajo los términos de la Ley Magnitsky.
“ Esperamos un diálogo continuo con la Administración (del gobierno estadounidense) para apoyar la aplicación robusta de la ley Global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en América Central y en todo el mundo”, agrega el documento.
Antena Latina y su subsidiaria canal 21 siguen bajo el control del González, a pesar de la nulidad del contrato de venta reclamada por el Congreso nacional.
Además de la serie de irregularidades cometidas en esa venta, ampliamente documentadas por el Senado, en esa transacción se cometió otra grave violación, en vista de que las leyes dominicanas prohíben a un extranjero adquirir un medio de comunicación en el país.
En respaldo a la posición asumida por el Senado, con posterioridad la Cámara de Diputados emitió una resolución donde exige la nulidad de la venta, reclamo que ha sido ignorado por el Fantasma, ya que asumido el control total y absoluto.
Uno de los puntos principales en que se basa el reclamo de nulidad es que la operación estuvo viciada desde sus inicios porque como entraña el control de una frecuencia de televisión, que es propiedad del Estado, debió contar con la autorización del ente regular, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Esta solicitud nunca fue presentada ante ese organismo, que admitió la existencia de tal irregularidad en una declaración pública.
