La informalidad total subió de 57.4% a 58.6% en un año, con una mayor incidencia en la población laboral masculina, según refieren los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en su Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) actualizada a junio.
El porcentaje equivale a un total de 2,568,932 trabajadores que laboran en situación informal, es decir, que no tienen seguridad social porque trabajan en empresas con menos de cinco empleados, o laboran por cuenta propia o, incluso, son trabajadores familiares no remunerados.
Entre los hombres la tasa de informalidad era de 61.9% a junio pasado, con una desmejora de 2.4 puntos porcentuales en un año, mientras que entre las mujeres ocurrió lo contrario: bajó 0.6 puntos a 53.4% entre junio de 2016 e igual mes de este año.
Hace días el Banco Mundial presentó el estudio “Cuando no basta el crecimiento: razones de la rigidez de la pobreza en la República Dominicana”, en el que refieren el impacto que tiene la alta informalidad laboral en la poca movilidad social. El multilateral detalla en la investigación que el problema proviene de la propia informalidad en que operan algunas empresas pequeñas, que ni siquiera están registradas “porque les resulta oneroso y costoso”.
El Banco Mundial reportó que esa elevada informalidad deja a los trabajadores fuera de la protección de la seguridad social, pero que no solo ellos son afectados: también el Estado, que queda despojado de potenciales recursos tributarios.
Justamente, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, no sólo comparte la idea de que el ascenso de la informalidad está relacionado con un tema de costos y burocracias que las micro y pequeñas empresas no están en capacidad de asumir, sino, además, aseguró que la situación de desprotección social de esos más de dos millones de trabajadores implica un dinero que el Estado deja de recaudar. Añadió que bien podría adelantar el Gobierno una discusión sobre las modificaciones necesarias para que las empresas puedan formalizar a sus trabajadores sin que implique un riesgo financiero y, por otro lado, para que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar a la seguridad social.
Abreu recomendó la posibilidad de definir dos esquemas: uno contributivo y otro subsidiado, destinado a aquellos trabajadores con salarios bajos. l
