Santo Domingo.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana intimó este miércoles a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a la Contraloría General de la República y a la Tesorería Nacional para que suspendan de inmediato todos los pagos y las contrataciones por servicios legales realizadas sin licitación pública por entidades del Estado violando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, consideró que dicha práctica, no solo constituye una violación a la Ley que rige las compras y contrataciones de servicios, sino que además es un atentado contra la clase jurídica a nivel Nacional.
Denunció que cuatro oficinas de abogados tienen un monopolio en los servicios legales contratados por el Estado Dominicano que anualmente ascienden a miles de millones de pesos; por lo que exigimos la democratización y diversificación de dichas contrataciones
“Demandamos que todas las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, cumplan a cabalidad la Ley 340-06 en cuanto a la contratación de oficinas de abogados realizando las correspondientes licitaciones para que todos los juristas puedan participar en igualdad de condiciones”, consideró Surun Hernández.
Indicó que la contratación de servicios legales del Estado debe realizarse tomando en cuenta la capacidad, la oferta de servicios y no a discrecionalidad de los funcionarios, garantizando un proceso justo y transparente.
El CARD señaló que en República Dominicana existen buenas oficinas de abogados en varios puntos del país, que deben ser tomadas en cuenta a través de procesos de licitaciones y en función de la ubicación geográfica del caso
