SANTO DOMINGO. Luego de tres semanas de interrogatorios y solicitud de documentos, la Procuraduría General de la República concluyó la primera fase de la investigación por el pago de US$92 millones en soborno hecho por Odebrecht sin procesar formalmente a ninguna persona.
Aunque el propio procurador general Jean Alain Rodríguez informó que el empresario Ángel Rondón fue quien recibió el dinero para el soborno y haber llegado a un acuerdo con la propia empresa en donde admiten haber incurrido en el ilícito penal, este no ha hecho referencia a solicitudes de órdenes de arrestos y posterior solicitud de medida de coerción.
Se espera que estas medidas formen parte de la siguiente etapa del proceso que ha iniciado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ya que está siendo demandado por diversos sectores de la población, entre ellos los organizadores de la marcha Fin de la Impunidad realizada el 22 de enero.
El pasado jueves, los representantes de Poder Ciudadano y el Frente Amplio acudieron a la procuraduría exigiendo los nombres y apellidos de los servidores públicos que recibieron soborno, los responsables de las sobreevaluaciones así como la creación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas para que investiguen el caso.
Ya en otros países de la región como Panamá, Perú, Colombia, Argentina, Guatemala y el propio Brasil, donde iniciaron las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, hay personas identificadas y sometidas a la justicia.
Panamá anunció la presentación formal de acusación contra 17 exfuncionarios y empresarios, entre ellos los hijos del expresidente Ricardo Martinelli; Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares; y a su hermano Mario Martinelli.
El Procurador sólo ha dado a conocer el aspecto económico del acuerdo con Odebrecht pero no así lo relativo a la privación de libertad.
De acuerdo con la ley 448 sobro soborno en el comercio o la inversión, el sobornante, si es una persona física, será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas u otorgadas y si es sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años, más la multa.
