El magistrado José Alejandro Vargas, juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este miércoles si avala o rechaza el acuerdo mediante el cual la empresa brasileña Odebrecht se compromete a pagar al Estado dominicano 184 millones de dólares por los sobornos entregados en el país para ser favorecida con obras estatales.
Vargas se reservó el fallo sobre el referido acuerdo que depositó la procuradora de la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, por autorización del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el pasado 10 de febrero del presente año.
La funcionaria hizo el depósito de los acuerdos en compañía del representante legal de la Odebrecht en el país, abogado Robert Valdez.
La magistrada llegó al tribunal acompañada del representante legal de Odebrecht en el país, Robert Valdez.
El acuerdo contempla que el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluida la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas del Estado.
Para el convenio la Odebrecht pidió que en República Dominicana esté basado en los acuerdos a que arribó la transnacional brasileña con los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil, que incluyen el pago de indemnizaciones superiores a 2 mil millones de dólares y más de mil de parte de una firma petrolera de su dependencia.
Los acuerdos con esos países incluyen la preservación de la empresa y sus operaciones y el respeto a los contratos de negocios con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BANDES) y con terceros.
El acuerdo sobre el cual decidiría hoy el juez José Alejandro Vargas contempla garantizar que Odebrecht continúe con la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y otras obras en ejecución.
El gerente general de la empresa en el país, Marcelo Hofke, admitió ante el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que desembolsó 92 millones de dólares en el período 2001-2014, para el alegado pago de sobornos a fin de ser favorecida con la adjudicación de licitaciones para la construcción de diversos proyectos de infraestructura.
De acuerdo a Hofke, los 92 millones de dólares fueron entregados al empresario Ángel Rondón, quien al admitir ante el procurador que recibió la referida suma, aseguró que fue por los servicios prestados a Odebrecht durante 14 años.
Rondón rechazó, sin embargo, que pagaran sobornos a funcionarios del Gobierno o a congresistas para que Odebrecht fuera favorecida en las licitaciones.
Los 184 millones de dólares que se comprometió a pagar Odebrecht al Gobierno dominicano son el duplo de los alegados sobornos que habría pagado en el país.
Luego del depósito de los acuerdos, el dirigente político opositor y exdiputado Manuel Jiménez elevó una instancia de oposición al referido convenio y reclamó que fuera rechazado por el magistrado Vargas.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República argumentó que lo pactado está basado en el Código de Procesal Penal (CPP), que faculta al Ministerio Público a arribar a acuerdos que conlleven el resarcimiento a los daños causados al Estado dominicano.
