La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, logró de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, una petición para gestionar diligencias y documentos de necesidad.
La decisión de la magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, ordena que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entregue toda la documentación pertinente solicitada por la defensa en un plazo máximo de 20 días a partir de la emisión de la resolución pautada para el 20 de abril.
El tribunal tomó la decisión, luego de que los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi, Francisco Franco y Nelys Rivas elevaran una instancia solicitando la documentación, quienes alegaron que los documentos eran ocultados, retenidos y dilatados por el ente acusador en perjuicio del ex procurador con fines dilatorios y obstaculizar la defensa.
Entre los documentos solicitados se encuentran los concernientes al ejercicio de sus labores como ex procurador, así como para la construcción de la debida defensa ante los cargos que se le imputan.
Además de todos los procesos de compras y contrataciones durante el periodo 2016-2020l a la Contraloría Interna del Ministerio Público de la Procuraduría General.
Respuesta del Ministerio Público
Ante esto el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho indicó que, apegado a su principio de “respetar y defender el debido proceso”, el Ministerio Público no se opuso a la solicitud.
“Lo que se estaba conociendo hoy en el tribunal era una solicitud de petición de resoluciones que hizo el imputado Jean Alain Rodríguez. A varias de esas solicitudes el Ministerio Público ni siquiera se opuso, no se opuso porque el Ministerio Público, este Ministerio Público es un defensor del debido proceso”, dijo.
Sin embargo, explicó que la defensa hizo pedimentos «irracionales, como que el tribunal ordenara a instituciones como DGII o Superintendencia de Bancos que hiciera cosas, y esas son cuestiones que se le estaban pidiendo al tribunal, que hiciera diligencias que les estaban prohibidas al tribunal, el Ministerio Público se opuso y el tribunal las ha rechazado”.
En la audiencia además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público la procuradora general de corte Mirna Ortiz y el fiscal Emmanuel Ramírez.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez es procesado junto a varios funcionarios de su gestión al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
Rodríguez Sánchez, Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El expediente del Caso Medusa expresa que los procesados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
