Durante una rueda de prensa, Wanda Perdomo Ramírez, Presidenta de la Junta, en nombre de los vecinos, expresó que la misma ha empeorado el tránsito vehicular, puesto que la ciclovía no es usada por los ciudadanos para ir a sus labores cotidianas, porque no es cierto que en nuestro país, el ciclismo constituya en estos momentos, un medio de transporte seguro, accesible ni integrado al sistema de movilidad de la ciudad. Por eso, la ciclovía es extemporánea y contraproducente.”
La Junta de Vecinos de La Esperilla externa a la vez su preocupación, por el peligro que representa ese carril desierto, que es aprovechado por motoristas a alta velocidad, zigzagueando entre el tránsito detenido y muchas veces, en contravía. Esto ya le costó la muerte a un vecino, que fue atropellado por un motorista. El peligro es agravado por unos separadores de concreto, que ya han explotado los neumáticos de muchos conductores, entre otros daños a sus vehículos.
Solicitan a la Alcaldía del Distrito Nacional y al INTRANT, rectificar, disponiendo la eliminación de la ciclovía de la Avenida Bolívar.
La ciclovía es ilegal.
La ciclovía es ilegal, porque no fue objeto de vistas públicas, como manda la ley y porque la resolución que la dictamina carece de sustento.
En su momento, solicitaron a la Alcaldesa del Distrito Nacional, por escrito, ser recibidos y nunca fueron atendidos. Sí fueron recibidos por el presidente del Concejo de Regidores, a quien solicitaron información pública sobre los detalles de la aprobación de la medida. Ese órgano no pudo ofrecer constancia de vistas públicas.
“Todo lo que existe es la escueta resolución 05/2020, dictada durante el cierre pandémico del 2020, que ordena un “plan piloto” de “promoción” de ciclovías en el Distrito Nacional, sin siquiera definir el trazado de las rutas.”
La Junta sostiene que lo normal era esperar que un “plan piloto” hubiese sido temporal y que después del periodo de prueba, las autoridades hiciesen mediciones para determinar su eficacia, además de escuchar a los munícipes afectados. “Lamentablemente, en este caso se pasó, literalmente de noche, a colocar unos bloques de concreto, obviamente no removibles, que convirtieron la medida en permanente, sin pasar por el proceso legal de dictado de una normativa”.
Finalizan diciendo que en estos dos años, el INTRANT no se ha dado por aludido, a pesar de tener a su cargo la reglamentación del tránsito en las vías públicas.
