El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un “no ha lugar” a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró tomó la decisión, al rechazar la solicitud del Ministerio Público de que se enviara a los imputados a juicio de fondo.
El magistrado consideró que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.
Tras concluir en noviembre pasado con la presentación de la acusación del Caso Los Tres Brazos, al que estaban vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Ministerio Público pidió que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los procesados.
Además de Leoncio Almánzar, por este caso eran procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público además acusaba a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Los representantes de la Pepca destacaron durante el proceso judicial que el entonces funcionario público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Los fiscales que representaban al Ministerio Público acusaban al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso recibió la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión
