El exprocurador general Víctor Céspedes Martínez advirtió hoy que la vida del empresario Ángel Rondón Rijo corre peligro en la cárcel de La Victoria, a donde fue enviado por un tribunal que ha dictado medidas de coerción contra los sospechosos de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, el exfuncionario afirmó que en las cárceles podrían producirse “explosiones” como exigencia de los prisioneros para que les otorguen los mismos privilegios recibidos por los imputados del caso Odebrecht.
Al ser entrevistado en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), el abogado expresó que en La Victoria se estarían preparando “medidas explosivas en el sistema carcelario”, con lo que los reclusos exigirían que los mantengan en las mismas condiciones que los acusados del caso Odebrecht.
“Y quiero decirle algo que no lo sabe todo el mundo, pero para el Ministerio Público: se están preparando medidas explosivas en el sistema carcelario en virtud de que ellos, los presos, van a exigir que los mantengan en las mismas condiciones que aquellos que llevaron en estos momentos a las cárceles”, denunció el abogado.
Recordó que la cárcel La Victoria fue construida para 800 reos, pero actualmente hay una población de más de 8,000.
Dijo que el juez Francisco Antonio Ortega Polanco envió a la cárcel de La Victoria a Rondón Rijo porque entendió que podría producirse una polémica con los demás reclusos que están involucrados en el caso Odebrecht.
Céspedes explicó que si hubiese sido el juez Ortega Polanco habría enviado a Rondón Rijo a la cárcel de Haras Nacionales, un lugar más seguro y además de que el prevenido califica, por su edad.
“Entonces amerita que los abogados de él soliciten su traslado en virtud de la peligrosidad de esa persona (Ángel Rondón), porque él no es una persona cualquiera. Todo hecho produce categoría de impacto y este es un hecho que causa un impacto, no cualquiera en la sociedad dominicana, y no se puede tratar como a un preso común y corriente de esta sociedad”, insistió el abogado.
Asimismo, Céspedes Martínez dijo que el expediente por los sobornos de Odebrecht abre camino para que se investigue a todos los que firmaron contratos, incluyendo los relacionados al proyecto de Punta Catalina.
El abogado reconoció que el Ministerio Público cometió algunos errores, pero que para el tribunal no fueron relevantes porque se trata de una medida coercitiva y no un juicio preliminar.
“Yo estimo que todos los que están no son, ni están todos los que son y están personas que se observan que su inocencia, sin embargo la decisión del tribunal en estos momentos históricos de la nación dominicana se convierte en una necesidad inminente, porque los hospitales no tienen una aspirina, hay personalidades del país que cada día acrecientan su patrimonio bajo la pobreza de un pueblo que no soporta más”, agregó Céspedes.
Rondón Rijo es señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió 92 millones de dólares para repartirlos entre funcionarios y legisladores para conseguir la adjudicación de obras del Estado entre el 2001 y 2014.
El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia también envió a prisión a Conrado Pittaluga y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa por nueve meses, en tanto que el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González también serán llevados a Najayo pero por seis meses.
El exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) Máximo D’Oleo y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez fueron enviados a la cárcel de Najayo por tres meses.
A prisión domiciliaria fueron enviados el ex vicepresidente de la CDEEE Radhamés Segura y el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez. (Sobre estos dos imputados se ha planteado problemas de salud).
En el caso de los senadores Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San Cristóbal), así como el diputado Alfredo Pacheco, el juez impuso una fianza de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. (Los tres tienen inmunidad parlamentaria).
