SANTO DOMINGO. Al exfuncionario de los gobiernos de Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, otro caso de corrupción vuelve a traerlo a la opinión pública. Fue interrogado por la Procuraduría como parte de las investigaciones de los US$92 millones que Odebrecht pagó en la República Dominicana para asegurar contratos con el Estado entre 2001-2014, según un documento difundido en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Díaz Rúa es un ingeniero peledeísta que fue director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) entre 2004-2007 y ministro de Obras Públicas entre 2007-2012.
En sus funciones, le tocó rubricar siete contratos entre el Estado y la Constructora Norberto Odebrecht, cuyos montos finales fueron superiores a los US$1,000 millones. Entre las obras están el acueducto de Samaná, la Autopista del Coral, el Corredor Duarte y el Bulevar Turístico del Este.
Anteriormente Díaz Rúa ha estado involucrado en otros casos de índole públicos. Fue acusado de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Respecto a esa causa, el 29 de agosto de 2014, el juez interino del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Leomar de la Cruz, ordenó la anulación de todas las actuaciones de investigación del Ministerio Público contra el exfuncionario y el archivo definitivo del expediente, cuya investigación tenía 18 meses.
Tras conocerse la decisión, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo: “Cientos de evidencias pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción”.
Posteriormente, la Fiscalía recurrió la decisión en casación y en septiembre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la ratificó. La fiscal entonces informó que recurriría ante el Tribunal Constitucional.
En junio de 2015 los abogados Julio Cury y Guido Gómez Mazara denunciaron que el exministro de Obras Públicas obvió los procedimientos legales de rigor para aumentar el costo de las licencias y extender la vigencia del contrato entre el Estado con la empresa Dekolor, responsable de la emisión del permiso de conducir.
Díaz Rúa también fue acusado -en su condición de exdirector del Inapa- y también la Constructora Norberto Odebrecht, de violar el derecho de propiedad de unos 17,177.88 metros cuadrados en Samaná. Los querellantes alegaron que tomaron posesión de los terrenos declarados de utilidad pública sin cumplir con el pago correspondiente.
Además, tuvo que salir a defender el contrato de Concesión Administrativa de Peajes suscrito por US$471 millones entre el Estado dominicano y el Consorcio Dominicano de Vías Concesionarias (Dovicon), para los trabajos de diseño, financiamiento y construcción, operación y mantenimiento del Proyecto Viadom.
El 23 de mayo de 2013 el gobierno y Dovicon rescindieron el contrato que le otorgaba al Consorcio el manejo de los peajes de la Autopista Duarte hasta Puerto Plata y la Autopista Seis de Noviembre, por un periodo de 30 años.
En ese entonces el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que el Gobierno decidió iniciar esa negociación porque estaba convencido de que la gestión pública de esos peajes “redundará en mayores beneficios para el Estado”.
